Desde horas del mediodía del miércoles 24 del corriente mes y año, hasta aproximadamente pasada las 16:00 horas, se produjo un corte total de la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Barrio Namqom por un grupo de vecinos del mismo, en su mayoría mujeres, quienes demandaban módulos habitacionales, módulos alimentarios, enripiado de algunas calles de su barrio, como así también, demandas para que Cooperativas de Trabajo que ya se encuentran matriculadas a nivel nacional y provincial, puedan ser incorporadas a diversas actividades que lleva adelante la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. En ese sentido, los Dres. Leonardo Sánchez y María Trinidad, desde la Defensoría del Pueblo, se hicieron presentes en el lugar, donde ya se habían originado largas filas de camiones y vehículos, por lo que, se acordó “en horas de la tarde realizar las gestiones necesarias y continuar las mismas el día lunes 29, tanto con las Autoridades del IPV, del Ministerio de la Comunidad y de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, dialogó con las manifestantes y les explicó claramente “que el derecho constitucional a peticionar a las Autoridades y el derecho a manifestarse, no incluyen el derecho a cortar las rutas”. Añadió el mismo que, lo que viene sucediendo últimamente es que el Estado no procede contra los que cometen este tipo de delitos y entonces se genera una especie de ilusión de impunidad. “Si el Estado no ha procedido antes contra los que hicieron lo mismo que están haciendo ahora, no lo harán con nosotros”, y ese es el razonamiento que lamentablemente se impone. Los responsables de mantener libres los distintos canales de comunicación, enfrentan dificultades y también hay que decirlo, temores o miedos a la impopularidad o en otros casos también les pesa “la historia de estos hechos”. Por ello, si la Justicia y el Estado, perdonan estos delitos o se muestran flexibles y tolerantes frente a los excesos, luego no tienen autoridad para imponer la ley y eso es lo que nunca debe dejar de hacerse, pues en nuestro Código Penal, la vulnerabilidad de los afectados, no es excluyente de la antijuricidad de sus conductas. La ley es igual para todos y el Estado no tiene derecho a seleccionar a quien castigar y a quien no.