Se llevó a cabo una –Audiencia de Mediación– en la Sede de la Defensoría del Pueblo, de la cual participaron los Sres. Catachi, Domingo Justo; Rodríguez, Adrián Esteban; Cadagsoyi, Cecilio Martín; Castorini Roca, Saturnino; Yibataqui, Renato; Blanco, José; Benítez, Féliz Julián; Murataya, Alfonso; Coyipé, Betina; Coqui, Justo; Coyipé, Fredy, pertenecientes a la Colonia Aborigen de Misión Tacaaglé, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado, Dr. José Porfirio García, el Encargado de la Oficina de Reclamos del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Julio Néstor Santander y los Asesores Legales, Leonardo Sánchez, Fernando Sosa, el Sr. Administrador, junto a la Directora del Instituto de Pensiones Sociales de la Provincia, Hugo Arrúa y la Lic. Lidia Giménez. En la misma, se dejó aclarado que para acceder a los beneficios de las pensiones sociales provinciales y nacionales, los peticionantes deben reunir una serie de requisitos establecidos en las leyes vigentes, por lo que, “cada uno de los casos será analizado en este sentido”. No obstante, lo cual, el Titular del IPS, añadió que, para los jóvenes y otras personas, existe siempre la posibilidad concreta de ingresar a programas de fomento de la producción y empleo, con apoyo de diversos estamentos del Gobierno de la Provincia. De esta forma, las partes acuerdan en primer término, levantar totalmente el corte de la Ruta Nº 86 a la altura de Misión Tacaaglé y, por otro lado, concretar una -Reunión Ampliada Interinstitucional- que se llevará a cabo en la misma Comunidad y con la participación de los Ministerios de la Producción y Ambiente, de la Comunidad, del ICA, el Instituto PAIPPA y el ANSES Delegación Formosa, para de este modo, brindar soluciones a los requerimientos que se planteen. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, afirmó que, en nuestra Provincia, el Estado y los Municipios, no se desentienden de los planteos socioeconómicos que afectan a los sectores más vulnerables, pero al mismo tiempo, nadie que defienda la Paz Social y la Democracia vigente, puede estar de acuerdo con esta metodología de impedir el libre tránsito a los ciudadanos. Institucionalmente, señaló el Funcionario Provincial, no vamos a “Criminalizar Ninguna Protesta Social”; pero también se hace necesario diferenciar, aquellos cortes de rutas que persiguen intereses que no se relacionan con sus demandas y por esto es imperioso que se racionalicen. Es que, si “cultivar el suelo es servir a la Patria”, las medidas de fuerza que vienen llevando adelante productores de la zona norte de la provincia, obstruyendo el libre tránsito por una traza nacional, perjudicando a miles de ciudadanos, flaco favor le hacen a los mismos, cuando desde las explicaciones técnicas y legales, dadas a conocer por el Ministerio de la Producción y Ambiente, evidencian a todas luces, una desproporción e incongruencia en los planteos que pretenden.