El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, al cumplirse 46 años del Golpe Cívico-Militar de 1.976 y motivo por el cual conmemoramos el -Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia- recordó que, en esos tiempos asumieron al poder no solamente los militares, sino además “grupos económicos nacionales y extranjeros que hasta el día de hoy continúan haciendo sus grandes negociados con el bolsillo de los trabajadores”.
El funcionario provincial recordó que el actual Gobierno Nacional, está llevando adelante gestiones y reuniones con distintas cámaras empresariales donde se encuentran a las formadoras de precios y que desde hace años siempre han priorizado sus intereses sectoriales y nunca el bienestar general del pueblo argentino, por lo cual acompañamos Institucionalmente a todos los actos que se realizarán para recordar la fecha antes aludida, pero desde la Defensoría del Pueblo, queremos no dejar pasar por alto que el sufrimiento de millones de trabajadores y de quienes son también responsables directa o indirectamente de los precios actuales de los alimentos, medicamentos y otros bienes y servicios, “son justamente las corporaciones alimenticias que también golpearon las puertas de los cuarteles y se beneficiaron económicamente hasta el día de la fecha”. No podemos olvidar el apoyo explícito de la Sociedad Rural al Gobierno de Videla, como tampoco se puede olvidar a los Bunge & Born, los Blaquiers, la Copal –Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines-, el Grupo Ledesma, Arcor, como así también la Cámara de Exportadores de Cereales, donde se encuentran los Vicentin, los Perez Companc y las multinacionales aceiteras que junto al Grupo La Anónima son los que fijan discrecionalmente, no solamente la entrega de los alimentos, sino también el valor que debemos pagar los consumidores. Por ello, volvemos como todos los años a repudiar, el nefasto Golpe Cívico Militar de 1976, pero este año también repudiamos a las corporaciones y empresarios que fueron aliados de los militares y que continúan actualmente fuertemente concentrados e imponiendo precios que alejan la posibilidad de ser pagados por los salarios de los trabajadores y por ello entendemos que el Gobierno Nacional no puede actuar tibiamente con las mismas, sino todo lo contrariamente, se les tiene que aplicar las leyes vigentes y las fiscalizaciones necesarias para que existan precios de los alimentos justos y razonables, pues el repaso de nuestra historia, nos está indicando que son siempre los mismos empresarios, las mismas Cámaras, los mismos Bancos, los que desde 1976 a la fecha continúan imponiendo sus propias aspiraciones económicas, que no coinciden justamente con las necesidades económicas del pueblo argentino.