Desde la Defensoría del Pueblo, se rechazó esta petición, por desmedida, irracional e injustificada, requiriéndose al ENRE ponga un freno a estas peticiones, máxime teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria, económica y social que vive el NEA-
En la primer Audiencia Pública convocada por el ENRE para definir las tarifas del transporte de la energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa a través de su Titular Dr. José Leonardo Gialluca, se inscribió y participó de la correspondiente a la transportista nacional TRANSNEA S.A. recayendo la Presidencia de la misma en el Dr. Marcelo Javier Campagnoli. El Ombudsman Provincial, señaló que, durante los últimos años, el sector de la energía eléctrica tuvo cambios muy importantes, en lo que respecta al Rol del Estado diferenciando 3 etapas: * La primera que tuvo lugar en la década del 90 donde se llevó a cabo la privatización del sector y se estableció el nuevo marco regulatorio mediante la Ley Nº 24.065, estableciéndose por un lado la Generación y por el otro los sectores del Transporte y Distribución de energía. En ese periodo, el Estado se retiró de su papel empresario para convertirse en regulador. Gialluca señaló que, en el 2001 cuando estalla la peor crisis social y económica que vivió la Argentina, se decidió la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y es cuando se instaura la * Segunda Etapa que comprende los años 2003 hasta el 2005. En esta, el Estado impulsó y financió importantes obras energéticas y las tarifas funcionaron como mecanismos de subsidios indirectos. * Finalmente, entre los años 2016 y 2019, se redujeron los subsidios y se dolarizó la energía eléctrica. Esto llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por los usuarios, mientras las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos. El Estado, abandonó su rol totalmente y esta política afectó directamente al bolsillo de todas las familias argentinas, que debieron destinar un gran porcentaje de sus ingresos para pagar las facturas de la energía eléctrica. Es que el Gobierno de la Alianza Cambiemos, impulsó una política tarifaria que significó la eliminación de subsidios y la mejora sustancial de ingresos a las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. En el sector de la generación, se dolarizaron las remuneraciones y simultáneamente se impulsó una agresiva quita de subsidios con lo cual millones de usuarios no podían hacer frente a los pagos de un servicio público esencial. En este punto, advirtió el Funcionario Provincial que, los ingresos que tuvieron las transportistas de energía eléctrica, superó con creces todas las variables macroeconómicas imperantes y se tradujo en una recomposición extraordinaria a favor de las empresas concesionarias. Paralelamente, las políticas de exigencias de inversiones y de calidad de los servicios, brillaron por su ausencia. Por ello, en el caso de Transnea SA, los ingresos por ventas demostraron un incremento de 1.647% en el año 2017 respecto al año 2016 y en el año 2017 el resultado del ejercicio determinó un incremento de más de un 250%. Por ello, denunciamos los aumentos desmedidos otorgados a las transportistas en combinación con la aplicación de la RTI (Revisión Tarifaria Integral), con más los aumentos constantes de energía, potencia y la dolarización de la generación, determinaron tarifas impagables para los usuarios. Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo se pidió la no autorización del ENRE a Mayores Ingresos Adicionales o Incrementos, donde la empresa transportista solicitó mejorar un 62% su margen de ingresos para los próximos 2 años. Además, pidió un 22% para el 2022, con lo cual, los ingresos que necesitaría Transnea en 2021 ascienden a $12.811 millones y en el 2022 la transportista requeriría $15.679 millones, que serán trasladados posteriormente a los usuarios de autorizarse estas solicitudes, lo que, en plena emergencia sanitaria, crisis social y económica, es irracional y por ello Institucionalmente sostenemos que no existe ninguna posibilidad de incrementos en las tarifas residenciales y comerciales de energía eléctrica, más aún en regiones como las del NEA donde somos Electrodependientes y hasta ahora sin gas por redes. Además, se exigió la necesidad de que se establezca una -Delegación Zonal de Transnea- que informe y se haga cargo de las salidas o caídas de sistemas que cada vez son más frecuentes y prolongadas en el tiempo.
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