–Afirmaron desde la Defensoría que todos los cortes de rutas permanentes y habituales buscan quebrantar y poner en crisis el “Contrato Social” que debe regir en una Comunidad, basada en el cumplimiento de las normas dictadas al efecto y en caso de colisión entre las mismas, debe buscarse su armonía-
Desde la Defensoría del Pueblo, se informó que las manifestantes no concurrieron a la Mesa de Diálogo constituida conjuntamente con las Autoridades del ICA. Además, se pidió urgente intervención a la Justicia de Menores para salvaguardar la integridad psicofísica de niñas/os expuestas a gravísimos peligros, luego de haberse agotado las instancias administrativas correspondientes y las gestiones del Organismo de la Constitución en cada uno de los sitios donde se encuentran los mismos. Luego de agotadas las instancias de conciliación, Gialluca espera la urgente intervención de la Justicia Federal para restablecer los derechos que se encuentran vulnerados por ciudadanos que utilizan los cortes de rutas, no para visibilizar temáticas, sino como extorsión hacia las Autoridades Constituidas y causando múltiples inconvenientes a miles de personas que también poseen el derecho constitucional de transitar libremente por donde lo necesiten. Su Titular, José Leonardo Gialluca, realizó las gestiones necesarias para conformar una –Mesa de Diálogo y Mediación– entre los voceros de las personas que realizan un nuevo corte sobre la Ruta Nacional Nº11 y el Presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) Esteban Ramírez, habida cuenta que el reclamo se centra en la concesión de terrenos. De tal manera, desde el Organismo de la Constitución se ofreció a través de la Gendarmería Nacional a las 20 personas que se encuentran sobre la calzada, interrumpiendo totalmente el transporte por vía terrestre, la posibilidad de que ellos sean trasladados para reunirse con el Presidente del ICA, quien remarcó su disponibilidad permanente para atender los pedidos de las Comunidades Aborígenes de la Provincia. En la ocasión se esperaba abordar prioritariamente la temática de la falta de terrenos de algunas familias del Bº Namqom; y explicar a las interesadas el enorme despropósito que implica que las mismas hayan sido entregadas o vendidas y la imposibilidad de que niños de 14 a 17 años puedan ser adjudicatarios de terrenos, como exigen algunos de los miembros que se encuentran cortando la ruta. Sobre este particular el Ombudsman Provincial, expresó: “Desde el inicio del actual corte de ruta, transmitimos que habilitamos un canal de diálogo, contestándonos que solo hablarían con el Sr. Ramírez, Presidente del ICA en la ruta. Ante ello, les explicamos, de antemano, que el hecho configura un delito penal, pero sin desconocer la necesidad de búsqueda de salidas consensuadas en el marco del diálogo y sin criminalizar una protesta social, toda vez que no existen derechos absolutos. Se hace necesario remarcó el funcionario, distinguir, entre el reclamo social, que puede ser justo o no y para ello nos ofrecimos como ámbito para que las personas se reúnan con quien eventualmente está legitimado para abordar la problemática que plantean; y, por otro lado, la utilización del mecanismo coactivo y extorsivo del corte de ruta para, literalmente, obtener por fuera de la ley lo que no corresponde o podría corresponder, pero estableciéndose plazos exiguos lo que demuestra, motivaciones o razones de diversa naturaleza. No vamos, de ninguna manera, amparar este tipo de inconductas que perjudican a decenas de miles de personas que, diariamente, necesitan utilizar la Ruta Nº 11 para el desarrollo de sus actividades como también la Nº 86 y 81; que está siendo cortada a la altura de Bartolomé de las Casas. Conocida la decisión de “no dialogar” de quienes interrumpen el tránsito sobre tan importantes vías terrestres, instruí al equipo Jurídico de la Defensoría, a cargo del Dr. José Porfirio García, que realice una presentación ante la Fiscal Federal Penal en turno, intervenga el Ministerio Público, instando al Juez Federal a que individualice a quienes realizan el corte de ruta, los cite a prestar declaración indagatoria, previa fijación de una –Audiencia Multipropósito- que busque alternativas de solución a los conflictos planteados. –
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