No solamente se deben aplicar las leyes vigentes, sino que el Estado debe tener una real presencia para erradicar a los formadores de precios y defender el bolsillo de los consumidores-
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se peticionó formalmente a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación a cargo de Paula Español, “que frente a los aumentos injustificados y desmedidos que golpean a los bolsillos de los consumidores, debido a los incrementos continuos de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria, frutas y verduras, carnes y harinas”, una mayor voluntad política para controlar a los que están especulando con los precios y aquí se hace imperioso la adopción de una mayor presencia activa del Estado, sobre las empresas alimenticias y formadores de precios en toda la cadena de comercialización, porque no se hacen cumplir las normas vigentes que protegen los derechos de los consumidores. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, consideró como acertadas las advertencias del Presidente de la Nación, en cuanto a que será inflexible y va caer con todo el peso de la Ley de Abastecimiento, contra quienes acopian de manera especulativa materiales para la construcción y anunció que se está evaluando un cambio en las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios para que se ajusten solo teniendo en cuenta el salario. La fuerte especulación hay que buscarla en los formadores de precios, que han dolarizado toda la economía, cuando los productos de fabricación nacional tienen costos argentinos, la mano de obra es argentina, los impuestos son argentinos, en todo caso tendría que incidir la variación del tipo de cambio en aquellos productos que son importados o de fabricación nacional que tiene un componente importado y en la medida que incida en la estructura de contos, pero no el 100% del producto. No es posible que en la primera quincena de noviembre los productos de la canasta básica hayan aumentado 3,73%; con lo cual, ahora con un nuevo aumento en los combustibles, “todos los supermercadistas y comercios locales de diferentes rubros, bajo el pretexto del llamado -valor flete- los consumidores no encontraremos con nuevas remarcaciones en los alimentos y de esta manera, son las franjas sociales más vulnerables y los empleados públicos y privados que dependen de un ingreso fijo, los que cada vez, poseen menos poder adquisitivo y así les cuesta a un altísimo porcentaje de nuestra población llegar a cubrir sus necesidades básicas alimentarias y aquí no estamos incluyendo a los medicamentos, ni artículos de higiene personal y de limpieza que también no dejan de aumentar permanentemente”. Es por ello que, entendemos que una de las acciones que estamos demandando para salir de esta situación de crisis social y económica, es que se recurra a la legislación en vigencia: la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de la Defensa de la Competencia, la Ley de Góndolas, es decir poner en funcionamiento las normas legales entre otras medias, porque de lo contrario, no se puede convivir con la actual inflación que posee el país y en un mercado, “donde los alimentos están dolarizados y los salarios pesificados”.