Esta temática la habíamos peticionado desde la Defensoría del Pueblo, al inicio de la actual pandemia del coronavirus, por entender que los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable, están cubriendo necesidades esenciales de toda nuestra Comunidad, en tiempos de Aislamiento Social Obligatorio, ya que todo se mueve en torno a la necesidad de tener una real Inclusión Digital para todas las personas.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que sorprende que no exista un acompañamiento de todos los sectores políticos, en cuanto al DNU dictado por el Gobierno Nacional al respecto, ya que desde el año 2014, la Senadora por el PRO Gladys González y otros vienen presentando un proyecto de Ley, pidiendo justamente, declarar como servicios públicos a la televisión por cable, a la telefonía móvil e internet. Gialluca, dijo que los cambios de opiniones o posturas, aparecen ahora como inconsistentes y poco serias. Institucionalmente entendemos dijo el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, que, con esta medida, todos los usuarios tendremos previsibilidad en un marco de emergencia sanitaria y económica. Este DNU, establece que los servicios de telefonía móvil, internet y cable, son de ahora en adelante, servicios públicos esenciales y estratégicos. Además, los precios de los mismos deberán ser justos y razonables, deberán contemplar no solamente las prestaciones sino también las inversiones para que sean realmente eficientes. No es cierto que los precios los va a fijar el Estado, lo que va a suceder es que existirá un Estado Nacional presente, que no permitirá abusos de los grandes sectores empresariales, y por ello ningún privado debería tener problemas .Lo que se busca es que no sigan fijándose precios de estos servicios de manera unilateral por las empresas , las cuales a decir verdad, nunca han invertido lo necesario y suficiente para mejorar la calidad de los servicios y esto lo podemos ver en nuestra Provincia, donde salimos de la ciudad y ya no tenemos señal de conectividad y sin embargo pagamos fortunas por una telefonía móvil irregular y por servicios de internet que se cortan permanentemente. Aquí es donde el ENACOM y sus Delegaciones Provinciales tienen que estar presentes, pero del lado de la gente y no de las empresas. Es por ello que, insistimos que, ante cualquier inconveniente con estos servicios, los usuarios se continúen acercando a la Defensoría del Pueblo, para continuar denunciándolos y que inviertan en más infraestructura básica, para tener servicios de conectividad eficientes y a precios competitivos y razonables, no abusivos como siempre pretende el sector empresarial.