-Instaron al Diputado Ricardo Carbajal a trabajar para que la Energía Eléctrica vuelva a tener precios de generación y transporte justos, razonables y accesibles-
Con el pasado Gobierno Nacional de Mauricio Macri la energía dejó de ser un derecho humano; dejó de ser una herramienta de desarrollo económico, promotora de igualdad social y provincial, promotora asimismo de industrialización y de una genuina modernización del aparato productivo nacional, pasando a ser una mercancía y una poderosa herramienta de ajuste, de desindustrialización y achicamiento del mercado interno. En otras palabras, un negocio concentrado en un puñado de empresas nacionales y multinacionales, así como en un círculo íntimo de empresarios amigos y parientes del ex presidente, todos salvaguardados por un subsecretario de política tarifaria 10 veces testigo de parte de muchas de esas empresas en sus demandas contra el pueblo argentino ante el -CIADI-. Por esto hoy, nadie se puede hacer el distraído de que: la situación actual, deriva del tarifazo del gobierno de Macri y de la aplicación sesgada de la legislación regulatoria, con sus consecuencias sociales y económicas, que se revelan en el endeudamiento familiar para afrontar los pagos, el cierre de pymes que nunca pudieron solventar las facturas. Así, el Gobierno de Alberto Fernández no sólo cuenta con los compromisos políticos y éticos asumidos durante la campaña electoral, sino también con las herramientas jurídicas y económicas que se derivan de las disposiciones legales y regulatorias vigentes para concretar una nueva -Revisión Tarifaria Integral-, “que dé como resultado tarifas justas, razonables y accesibles, y también de una vez por todas se nos otorgue una Tarifa Regional Diferenciada, la cual venimos peticionando desde hace años”. Desde la Defensoría del Pueblo, consideraron que, a los usuarios de toda la Provincia tanto residenciales como comerciales, “les interesa conocer soluciones, propuestas y proyectos para salir adelante en sus vidas o emprendimientos” y no denuncias mediáticas, puesto que, si existen irregularidades, lo que corresponde es acudir a la Justicia y por ello se instó al diputado provincial, Ricardo Carbajal a que exponga las pruebas que tenga al respecto de los dichos vertidos públicamente por el mismo en diversos medios de prensa, en los que afirmara que: “REFSA es un colosal negocio, cuyos beneficiarios son unos pocos funcionarios que se reparten una millonaria torta, mientras bajan un discurso falaz, donde recriminan el valor elevado de la energía para usuarios con ingresos muy bajos” (Sic). Desde la Dirección de Defensa de los Usuarios y Consumidores del Organismo, se afirma que el legislador, al parecer, carece de memoria, con relación a sus críticas sobre la falta de respuesta al pedido de la Tarifa Regional Diferenciada para el Nordeste Argentino (NEA), la misma, es una bandera que viene siendo sostenida por el Estado Provincial por más de una década, sin el acompañamiento de la bancada opositora provincial, radical o del pro, sucesivamente. “Nadie, más que el propio Carbajal, últimamente, nos ha recordado que sus socios políticos del pro, durante la nefasta gestión Macri, fueron los que incrementaron la tarifa eléctrica en más de un 3000 %; la dolarizaron; fijaron franjas de consumo que castigan a todos los usuarios; hicieron millonarios negocios para los amigos de las grandes distribuidoras nacionales que hoy están debidamente denunciados; mantuvieron subsidios cruzados para los grandes distritos, en detrimento de las provincias periféricas y todo ello sin colgar un solo cable que mejore el sistema nacional, el cual incluso llegó a colapsar en una ocasión, dejando sin energía eléctrica a todo el País, salvo Tierra del Fuego. Institucionalmente, hemos peticionado al Ministerio de Desarrollo Productivo y al ENRE, concretar una Revisión Tarifaria Integral, en base a los fallos «Maruba» y «Cepis»; -donde la importancia del primero radica en el reconocimiento expreso del derecho de Revisión Contractual por parte de los gobiernos respecto de situaciones derivadas de actos de gobiernos anteriores que, como en el caso del macrismo, hayan violentado principios como la protección de los usuarios y la fijación de una tarifa justa y razonable. En igual sentido, el Fallo Cepis, estipuló que las decisiones en materia tarifaria «imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia…”. Es preciso no olvidar todo esto, pero lo más importante es mirar al futuro y encaminar los esfuerzos en hacer una Argentina diferente, que más que construida sobre la base de discursos, se levante sobre acciones. Si Ricardo Carbajal tiene pruebas de las graves acusaciones que expuso sería bueno que las revele, de lo contrario hay que presumir que sólo parlotea, enrolándose entre los actores políticos que, en medio de una Crisis Sanitaria Mundial, Nacional, Provincial y Municipal, no hacen más que seguir con aquella vieja campaña del descrédito que, alguna vez, quizás les dio resultados. Pero que ahora no sirve para nada, porque trasuntamos nuevos tiempos, en los que la gente más bien exige líderes de acción, no de declamación.