La Defensoría del Pueblo de la Provincia, formuló una presentación ante el Fiscal Penal en turno en el Fuero Federal Nº 2, a cargo del Dr. Luis Benítez, a los efectos de que el mismo despliegue todas las acciones, dentro de la esfera de su competencia, para que ahonde la investigación respecto de las denuncias de ciudadanos paraguayos que, “presuntamente cobran ilegalmente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en Formosa”.
En tal sentido, el Organismo de la Constitución, haciendo uso de la facultad de requerir informes a los Organismos del Gobierno Federal, Art. 10 inc. g) de la Ley Provincial Nº1065, peticionó ser oportunamente comunicado de los avances en las averiguaciones, en cuanto no se afecte el Secreto de Sumario, no se entorpezca el esclarecimiento de los hechos ilícitos y la individualización de los responsables, si los hubiere. Sobre el particular el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, afirmó: “Separando el aspecto folclórico de algunos denunciadores crónicos que están empeñados en hacer creer que existe una conspiración para que oriundos paraguayos cobren beneficios sociales en Formosa y luego paguen con su voto en las elecciones en nuestra jurisdicción. Que como mínimo, es lo más absurdo que puede argumentarse, ya que nuestro distrito, cuenta con un padrón de unos 452 mil votantes, debiéndonos preguntar ¿En qué manera podrían influir 200 votos en un resultado electoral?, cifra esta última que comprendería a la totalidad de los infractores, según públicas declaraciones del fiscal interviniente en la causa”. Más allá de lo pintoresco de algunas teorías que rayan lo paranoide; lo cierto es que se tratan de hechos sumamente graves que debe ser objeto de investigación por el Fuero Federal que es el competente; y de existir extranjeros residentes en su país de origen (se apunta al Paraguay por la proximidad) que de alguna manera han conseguido burlar los recaudos previstos por las normas federales vigentes y los controles que se efectúan, lográndose inscribir como postulantes y posteriormente acceder a beneficios sociales, con maniobras que podrían ser desde, la denuncia de domicilios falsos ante el Registro Civil u otras; de comprobarse estos extremos aludidos estaríamos en presencia de hechos delictivos tipificados en nuestro Código Penal Argentino (CPA) Art. 174 inc. 5, pues el fraude se concretaría contra la Administración Pública y en este sentido deben ser individualizados los autores materiales, cómplices e instigadores. Sin perjuicio de, comunicación mediante a la ANSeS, para que se haga cesar en lo inmediato, de manera definitiva, el cobro de todo beneficio obtenido de manera ilegal. Por ultimo Gialluca denunció que es lamentable, “el ensañamiento por parte de sectores políticos locales y nacionales, que con la ayuda de los medios de prensa de siempre, se continúan colocado en contra de simples ciudadanos paraguayos, que viven hace mas 30 años en nuestra provincia, poseen sus trabajos en diferentes rubros, hijos, pagan impuestos, poseen aportes jubilatorios, documentación personal en regla, y sin embargo los han hecho aparecer como delincuentes que cruzan a la argentina para cobrar jubilaciones, pensiones por discapacidad y la IFE”. Por lo que ahora que la Justicia Federal ha determinado quienes son los que no residen en nuestra tierra, estos deberán ser excluidos de los registros y proseguir el resto de los beneficiarios cobrando todos los beneficios sociales tanto provinciales como nacionales que les corresponda.