Uno de los problemas administrativos y judiciales más graves y contradictorios que continuamos enfrentando este año desde la Defensoría del Pueblo, son los permanentes cortes de rutas producidos por piquetes tanto de trazas nacionales, provincial y caminos vecinales, “donde la ciudadanía en general se encuentra absolutamente desprotegida por la Justicia, quien viene haciendo lo imposible para no garantizar los derechos constitucionales a transitar libremente nuestro territorio y llegándose inclusive por estas posturas -interpretativas particulares de los jueces- a tener que tolerar que ciudadanos hayan sido agredidos psíquica y físicamente y los manifestantes o piqueteros continúen con su accionar delictivo y obsceno sin ningún inconveniente”.
Por ello, la semana pasada se llevó a cabo en la Sede del Organismo de la Constitución, una serie de reuniones con Representantes Originarios de nuestro interior provincial, entre los que participaron el Cacique Isaac Elixto de Pozo La Chiva, Comunidad Originaria Wichí que se encuentra ubicada en el oeste de la provincia, a tan sólo pocos kilómetros de María Cristina y otros, quienes expusieron los permanentes cortes de la Ruta Provincial Nº 39 a 200 metros antes de la localidad de Maria Cristina, a la altura de la zona denominada “Barrios Corralito y Flores”, Departamento Ramón Lista. Patrocinándolos el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, interpuso además de una serie de peticiones al Jefe de la Policía de la Provincia de Formosa Comisario General Walter Arroyo y la denuncia penal pertinente en orden a los delitos previstos en los Arts. 194, 168 y 149 bis 2º párrafo del C.P.N., al Juez con Competencia Penal de Las Lomitas Dr. Francisco Orella, solicitándole la adopción de MEDIDAS URGENTES para: 1) REESTABLECER el ejercicio del derecho al libre tránsito sobre la citada ruta a través de los procedimientos que respeten los Derechos Humanos de los denunciados, 2) EVITAR que el accionar de los citados pongan en peligro la vida, integridad psicofísica e intereses económicos de las personas que circulan por esa zona, ordenando a la Policía de la Provincia de Formosa -y/o a las Fuerzas de Seguridad que S.S. entienda conveniente por encontrarse más cercanas a la zona donde se desarrollan los hechos ilícitos descriptos-, que se aposten en el área de conflicto y en sus inmediaciones durante todo el tiempo que duren las conductas denunciadas. 3) INDIVIDUALIZAR a los PARTICIPES MATERIALES E INTELECTUALES del hecho denunciado, 4) DETERMINAR SU RESPONSABLILDAD PENAL y, eventualmente, 5) APLICAR las PENAS previstas para las figuras penales en cuestión. Las manifestaciones vertidas por vecinos de la zona, llevó a que la Defensoría del Pueblo tome conocimiento que desde hace aproximadamente tres (03) días, la Ruta Provincial Nº 39 ha sido interrumpida en forma total por parte de un grupo formado entre quince originarios pertenecientes a la Comunidad “Maria Cristina y San Miguel”, medida que es encabezada por los Sres. Pérez Aurelio, López Mauricio y Arias Timoteo. Además, se destacó que no existen caminos alternativos para dirigirse desde Maria Cristina a Lote 8, por lo cual, quienes necesitan transitar por esa ruta, se encuentra totalmente impedido de hacerlo. Se puso en conocimiento de S.S. que los usuarios de esta vía terrestre, para poder traspasar el corte y continuar viaje, o bien, evitar daños en su persona o en bienes, están recibiendo amenazas y/o requerimientos de pago de sumas de dinero “peajes” por parte de los protagonistas de estos hechos. En tal sentido, nos han expresado que a los vehículos de gran porte les cobran la suma de $1.000, a los automovilistas $500 y a los conductores de motovehículos $300. Razón por la cual, se peticionó también se investigue la presunta comisión del ilícito previsto en los Arts. 149 bis, Segundo Párrafo y 168 del Código Penal. Gialluca agregó que, también le hemos dado la posibilidad de expresar los motivos o causas que llevan a estos ciudadanos a cortar una ruta tan importante y la intransigencia ha sido una constante, llegándose a pedir un nuevo Establecimiento Escolar para ese grupo de originarios, los que a 150 metros ya poseen Instituciones Educativas de todos los niveles, agravándose en estos últimos días sus conductas, “por impedir el paso de ambulancias con pacientes, de docentes primarios y secundarios, alumnos, camiones y vehículos de Vialidad Provincial, además de todo tipo de transporte de manera absolutamente irracional e injustificada, por lo cual, “sin criminalizar una protesta social que en este caso es inexistente ya que son tres (3) las personas que llevan adelante esta medida, por lo que han sido denunciados y esperamos la liberación de esta traza y de cualquier otra que entorpezca los derechos constitucionales de los ciudadanos que poseen el derecho a transitar libremente por nuestro territorio provincial”.