Desde la -Dirección de la Defensa de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo, se remitió en el día de ayer una nueva Formal Actuación al Jefe de Gabinete Marcos Peña, al Ministro de Economía de la Nación Jorge Roberto Hernán Lacunza y al Secretario de Política Económica Sebastián Katz quien reemplazó a Miguel Braun, para que dentro de sus competencias y de manera urgente, el Gobierno Nacional adopte todas las medidas administrativas y legales correspondientes para frenar e impedir las remarcaciones de precios que comenzaron la semana pasada y prosiguen este lunes luego de las elecciones nacionales, las grandes empresas alimentarias sobre bienes de consumo masivo, llegando algunas de ellas como en el caso de la Aceitera General Deheza, “suspender la distribución de productos porque carecen de precios de referencia”.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que los precios de los productos alimenticios esenciales aumentaron más de un 14% la semana pasada y el día viernes último cuando el dólar llegó a los $65, “las empresas comenzaron aceleradamente con nuevas remarcaciones que continuarán en estos días y esto lo hacen por las dudas, ante la incertidumbre por la escalada del dólar y que con seguridad todo esto se trasladará a las PyMEs y a los comercios minoristas y de allí a los consumidores finales que deben pagar precios irracionales e injustificados por los alimentos”. Estos aumentos preventivos, deben ser frenados y la única manera de hacerlo es a través de decisiones que adopte el Gobierno Nacional dentro de sus competencias y de los instrumentos legales vigentes, ya que como nunca, es indispensable una fuerte presencia del Estado sobre las grandes empresas alimenticias que son las que en los últimos tiempos vienen determinando los precios de manera unilateral y sin ninguna fiscalización. En esta línea de razonamiento, los empresarios también están practicando remarcaciones y esto se trasmite a toda la cadena de comercialización, ya que el nuevo Presidente Alberto Fernández y sus colaboradores, se aprestan a implementar un acuerdo de precios, “y como siempre los empresarios ya están remarcando por si acaso y así nunca perdieron y ya es tiempo de que el esfuerzo en lo económico sea compartido porque siempre los consumidores y los asalariados son los que terminan perjudicados y pagando los excesivos márgenes de ganancia de las empresas, y de los supermercados”.