La nueva modalidad para garantizar la continuidad del beneficio de las pensiones por discapacidad genera fuerte preocupación, tanto de parte de los beneficiarios como de los profesionales de la salud que deben emitir el Certificado Médico Obligatorio Digital.
La Agencia Nacional de Discapacidad estableció en los últimos tiempos que los certificados médicos, expedidos desde los hospitales, deberán ser digitales. Es decir, ya no tendrán validez aquellos que se realicen a mano y se presenten en formato papel. Los pensionados tienen solamente 60 días para concretar el trámite, una vez recibida la carta documento que los intima. En este sentido los hospitales y los médicos no tienen idea de cómo hacer el CMO Digital, pues nadie los ha capacitado para este trámite. En los pueblos pequeños ni siquiera hay conexiones a la redes y lo más grotesco de toda esta situación es que hay personas con piernas amputadas o no videntes a las que la Agencia Nacional de Discapacidad les piden que actualicen su condición médica para no perder la pensión. Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, y a fin de que no se suspendan estos beneficios, se prosiguen impugnando todas y cada una de las intimaciones de la ANDIS, quienes arremeten posteriormente, “con otras nuevas intimaciones, dirigiendo capciosamente a los beneficiarios tanto al Hospital Central de nuestra Ciudad, como a los hospitales públicos de San Martín II, Villa General Güemes y el Centro de Salud -El Progreso- de la localidad de Palo Santo”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, documentadamente ya hemos rechazado más de 3.000 intimaciones practicadas por el Gobierno Nacional, tanto a beneficiarios de pensiones por invalidez, que residen en nuestra Ciudad Capital y en el Interior Provincial. El funcionario, señaló que esta medida unilateral e inconsulta de la Agencia Nacional de Discapacidad, pretende suspender el cobro a los pensionados por invalidez, lo cual en el actual contexto de crisis económica y social que se vive, es algo realmente lamentable, dado que Institucionalmente, nosotros no defendemos el otorgamiento de pensiones otorgadas irregularmente, pero una cosa muy distinta es lo que pretende el Gobierno Nacional a través de la ANDIS, que no es más ni menos que desconocer derechos adquiridos de personas con discapacidad que son titulares de estos beneficios en algunos casos, hace más de 15 o 20 años. Es decir, que cuando todavía los hospitales de Capital Federal no saben cómo implementar el CMO Digital, el Gobierno Nacional intima a pensionados con invalidez que viven en pequeños pueblos del interior de nuestra Provincia a entregar el Certificado Digital en 60 días bajo apercibimiento de que se les suspenderán sus beneficios y luego serán dados de baja. La contracara de esta moneda, es que la actual gestión de la ANDIS se toma 3 años para responder si un trámite está aprobado o no, pero no hay ninguna humanidad o criterios de sentido común para con nuestros pensionados por invalidez. Por ello, es que el Organismo de la Constitución, continuará recibiendo las documentaciones necesarias y practicará las impugnaciones, presentándolas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto en nuestra provincia se puedan confeccionar los CMO Digitales y se coordine entre el Estado Nacional y el Provincial una verdadera política de estado inclusiva en relación a los pensionados por invalidez.