Señalaron desde la Defensoría del Pueblo que en el mes de abril del corriente año, nuevamente en vísperas de elecciones, el Gobierno Nacional relanzó préstamos a favor de jubilados y de beneficiarios de AUH, pero en esa oportunidad con plazos de pago más extensos.
Los nuevos créditos eliminaron la opción de cancelar los mismos en 12 meses, y dispusieron en su lugar un plazo mínimo de 24 meses. El Organismo de la Constitución denunció al respecto que en el último año “se incrementó la cantidad de tomadores de créditos en un 60%” pero que pasa a ser un aumento “de más del 80% si se considera a quienes aún deben parte del crédito adquirido antes de la fecha mencionada”. Por otra parte, en el último año más de la mitad de los créditos fueron tomados por beneficiarias de la AUH y de SUAF. Así, el endeudamiento acumulado de las beneficiarias de la AUH, es el que se incrementó más sensiblemente. También es mayor el endeudamiento en relación con el monto de la prestación: En promedio los créditos representan 5 veces lo que las endeudadas cobran mensualmente. En cuanto a las tasas, si bien la ofrecida para los créditos resulta menor a la del mercado, su Costo Financiero Total se incrementó sensiblemente, ya que pasó del 27 por ciento (en 2017) al actual 54% (en 2019). El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, reveló que la ANSES, el organismo que debería ser garante de la seguridad social, es hoy el acreedor de millones de endeudados; en su mayoría, de mujeres que perciben una AUH. La cantidad de créditos pedidos por (y otorgados a) las beneficiarias de AUH llegó en junio al increíble nivel del 92% de las asignaciones existentes. Lo grave es que la misma ANSES, reconoció que los préstamos promocionados por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri como una “oportunidad de progreso” están siendo utilizados desde hace meses para comprar bienes de primera necesidad (como comida, ropa o calzado), para pagar deudas o servicios de salud. Este endeudamiento de las beneficiarias de la AUH ya venía subiendo desde 2017, impulsado por el aumento de los precios de los alimentos, la luz y el gas; pero en los últimos tres meses de este año, dio un enorme salto, ya que fueron pedidos 2,5 millones de créditos nuevos. Sumados a los que estaban tomados con anterioridad, actualmente hay acumulados 3,6 millones de créditos, sobre un total de 4 millones de Asignaciones Universales por Hijo. Este proceso pone al descubierto cómo el derecho a un ingreso digno está siendo reemplazado por la toma de deuda, además con altos intereses, ya que el costo financiero total de estos créditos llega a superar el 50%. Desde el Organismo de la Constitución, rechazaron enfáticamente los argumentos que se esgrimen desde el Estado Nacional que presenta estas acciones como medidas destinadas a “reducir los niveles de pobreza” o como una oportunidad para poder “progresar”. Está claro que quienes se endeudan con la Anses no están pidiendo el dinero para agrandar un negocio, ni para invertir en un emprendimiento productivo que mejore sus ingresos, sino para algo más básico como llegar a fin de mes (con las cuentas) o sobrevivir a las semanas más frías del invierno (con una ropa de abrigo), necesidades que ya no pueden ser cubiertas con su ingreso habitual, todo esto es porque el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y AUH quedó muy desfinanciado en relación con la inflación, los tarifazos y la suba de la canasta básica, principalmente los alimentos y medicamentos. Es que la pérdida del poder de compra de las asignaciones y jubilaciones tuvo su impacto en la caída del consumo: las ventas a precios constantes de la Encuesta de Supermercados del INDEC muestran 11 meses de caída consecutivos, con los peores indicadores en los últimos cinco meses. Este enorme proceso de endeudamiento convirtió a la Anses en acreedor de millones de endeudados que deberán seguir pagando sus cuotas pasadas las presidenciales de octubre (en algunos casos hasta 2021).