Denunciaron desde la Defensoría del Pueblo, que en nuestro mercado local, como consecuencia de la recesión económica, el alto valor de las tarifas impuestas desde el Gobierno Nacional, la falta de competencia, presión impositiva desmedida, falta de aplicación de leyes vigentes por parte de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Trabajo, más otras áreas competentes, han determinado que el consumo masivo se haya desplazado claramente hacia las segundas y terceras marcas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza, donde en el primer trimestre ya ocuparon el 42,8% del mercado total, frente al 32,6% en los primeros tres meses de 2016.
Así desde 2016 a 2019, las marcas mayoristas y económicas pasaron de un participación del 32,6% al 42,8% en unidades y del 21,5% al 27,7% en facturación, y por ello los consumidores al tener, “ comprometidos mensualmente sus ingresos en mas de un 50% aproximadamente para cubrir gastos de alquiler, medicamentos, vestimenta, servicios públicos, tasas, impuestos y otros, no les queda alternativa que adquirir las denominadas segundas o terceras marcas en rubros esenciales como lo son los alimentos, bebidas, artículos de limpieza, que si son de menor calidad en algunos casos y en otros llegan a igualar a los denominados de primera marca; pero al no tener toda la publicidad y marketing que les hacen los medios que son pagados por las empresas líderes, existe la -creencia popular- de que no son buenos artículos, cuando la realidad es otra. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señalo que todos los alimentos, medicamentos, combustibles, se encuentran desde hace tiempo con precios liberados a las decisiones y voluntades de los empresarios, entre tanto los trabajadores públicos y privados poseen salarios en pesos y en un país donde una familia tipo necesita ganar más de $30.000 para cubrir los elementos de la Canasta Básica Alimentaria, es consecuencia de la falta de una política económica nacional y que no responda a intereses foráneos la que produce carencias dramáticas que no habíamos visto ni en el 2.001. Por otra parte, los empresarios argentinos y extranjeros también desconfían y no acompañan al actual Gobierno Nacional de Mauricio Macri y por ello las grandes empresas venden por ejemplo: «alimento lácteo», o queso rallado que no es tal. También algunas de las grandes empresas alimenticias venden «falsa leche» rebajada con agua. Lo mismo sucede con quesos rallados que en realidad son pan rallado saborizado. La Serenísima tiene un “alimento a base de yogur” que simula ser yogur a un precio más bajo. Otra firma llamada La Lácteo tiene un producto similar bajo la marca “Lactis”, que también utiliza para un alimento a base de leche. La Suipachense vende un sachet de leche que en realidad viene con un 70 % de leche y 30% de una mezcla de agua y lactosa. Advertimos este fenómeno porque se ha dado un gran incremento en la venta de estos productos en los últimos meses. Sobre todo en alimentos lácteos que supuestamente suplen a yogures, leches, leches chocolatadas o quesos pero que no lo son y que en su presentación no advierte claramente a los consumidores que están comprando otra cosa, explico Gialluca que son varios los consumidores que se quejan de que han comprado en nuestro supermercados, quesos sin sabor y con gusto a plástico, productos de higiene personal que por su calidad no cumplen con las funciones para que se los adquiere; entonces si bien vemos que es importante que nuestras Pymes y productores tengan un lugar en las góndolas, no podemos desconocer que en todos los comercios denominados como de grandes superficies, abusan de la buena fe de los consumidores, incumpliendo con el deber de información y ofreciendo malos productos que en definitiva podrían afectar hasta la salud de niños y adultos mayores. La única solución para estos temas es que tengamos un Estado presente, y que haga cumplir las leyes y no permita que ni las empresas alimentarias, los laboratorios, las petroleras, impongan precios irracionales y tengan ganancias voluminosas, siendo que siempre tienen el pretexto o la justificación para remarcar y con ello impedir el acceso a productos de calidad para todos los consumidores, ya que los mismos saben que jamás serán controladas ni castigadas por un Gobierno Nacional que las defiende y deja sin protección a los consumidores – usuarios.-