Desde la Defensoría del Pueblo, su Dirección de Discapacidad, lleva adelante gestiones a los efectos de “evitar” que miles de formoseños pierdan sus beneficios de pensiones por discapacidad, luego de la decisión del Gobierno Nacional de instaurar un Certificado Médico Digital Obligatorio (CMD), el cual de no poseerse daría lugar a la baja del beneficio otorgado.
Las intimaciones han comenzado a llegar meses atrás informando a los titulares de pensiones que de no gestionar el susodicho CMD, en el término de sesenta (60) días, perderán sus beneficios. Los afectados acudieron en gran masa a la Defensoría del Pueblo, desde donde se formularon las impugnaciones correspondientes a tales intimaciones, sobre la base de que son inconstitucionales, pues afectan derechos adquiridos por los discapacitados. La medida es además irracional e injusta, remarcaron, pues el principio debe ser la vigencia de las pensiones y si se desea realizar una revisión no resulta prudente en dar a todas de baja, excepto se renueven los datos mediante el CMD, como lo pretenden. Más aún si se tiene en cuenta que se afecta a un sector sumamente vulnerable de la sociedad, siendo que el ingreso que le representa el beneficio es afectado en su totalidad a sus mínimas necesidades, la mayor de las cuales se centra en tratamientos médicos y medicamentos. Ante la realización de los reclamos por parte de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que en la Provincial “no existe nosocomio alguno que esté en condiciones de expedir el CMD, lo que colocaría a los miles de beneficiarios formoseños de pensión por discapacidad en una total indefensión, la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad, contestó formalmente al organismo provincial que el Hospital Central estaría emitiendo el CMD. Ante lo cual se dirigió un pedido de informes con carácter de “muy urgente” a la Dirección del nosocomio local quién con premura ratificó por intermedio de su Directora Asociada, Dra. Claudia Nallin, que el Hospital Central Formosa no esta en condiciones de otorgar el CMD, hasta tanto se implemente un programa de información y capacitación, dirigido a los profesionales médicos, así como a la provisión de equipamiento tecnológico, adecuado a tal finalidad. Es por ello que, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, más allá de señalar que el desacierto de las autoridades nacionales pone en riesgo a miles de formoseños, beneficiarios de pensiones sociales por discapacidad. Dirigió una instancia con carácter perentorio a la Dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad, para que, en lo sucesivo se abstenga de intimar y/o dar de baja a los beneficiarios de pensiones por discapacidad, residentes en territorio provincial, atento a la imposibilidad material en la que se encontrarían los afectados por tales medidas de cumplir con el requisito de contar con el CMD. Todo bajo apercibimiento de acudir a la Justicia Federal en amparo de los potenciales damnificados.”