Para la Defensoría del Pueblo es una señal positiva entre tantas injusticias cometidas por el Estado Nacional.
La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su -Dirección de Defensa de los Derechos Humanos y Grupos Minoritarios, Contra la Xenofobia y el Racismo-, se explayó respecto del fallo dictado por el Juez Federal Subrogante de Formosa, Ricardo Carbajal, que impone al Estado Nacional la obligación de pagar una indemnización directa a la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en una suma equivalente a 9 millones de pesos, la cual deberá ser abonada a razón de $900.000 por año; fijándose el plazo de 30 días desde que quede firme la sentencia, para el primer pago. El magistrado además ordenó que el Estado nacional destine, en los próximos diez años, la suma de $75.000.000, aproximadamente, en inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Pilagá, a los fines de promover el desarrollo de dicho pueblo. Ello en virtud de la responsabilidad surgida por los hechos de la denominada masacre de Rincón Bomba. El 10 de Octubre de 1947, en un paraje llamado La Bomba (próximo a lo que hoy es Las Lomitas), cientos de personas pertenecientes al pueblo Pilagá fueron asesinadas por cuadros de la Gendarmería Nacional que cumplían órdenes superiores. Ese día, miles de personas que se encontraban reunidas en La Bomba convocadas por Tonkiet, un sanador y líder espiritual pilagá, fueron violentamente reprimidas al negarse a abandonar el paraje. Las familias huyeron por el monte mientras eran perseguidas y capturadas por miembros de la Fuerza de Seguridad Nacional, extendiendo la masacre durante más de dos semanas y en un territorio de unos 1.000 km cuadrados. Sobre este particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, destacó que el fallo representa una señal positiva entre tantas injusticias cometidas históricamente por el Estado Nacional contra las comunidades indígenas en todo el territorio nacional. Aún tenemos frescos en el recuerdo la persecución contra la dirigente Mapuche de Neuquén, Relmu Ñamku quien en 2015 enfrentó un juicio oral por defender el territorio originario del avance petrolero y estuvo a punto de ir a prisión por ese motivo. Gialluca, destacó además como hechos negativos a la “brutal represión” de Gendarmería Nacional en Chubut, con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de Prefectura en Río Negro. En ambos casos la Justicia no ha reaccionado como hubiera sido esperable en un Estado de Derecho. Ni que hablar de la Política de Estado en la materia, en la que su representante, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre toma partido por las fuerzas represivas. Postura que se sintetiza en lo expresado por el ex ministro de Educación y actual senador por Buenos Aires, Esteban Bullirch, quien en un acto en Río Negro dio la bienvenida a una nueva Campaña del Desierto, ahora con la educación, dijo. Lo bárbaro de la expresión me releva de comentarios, espetó Gialluca. No obstante todas estas señales hay que destacar que el fallo dictado por el Juez Federal de Formosa, viene a significar un hecho positivo, viniendo de un Poder del Estado Nacional.-