La actual Corte Suprema de Justicia de la Nación nuevamente se ha pronunciado contra la legitimación de los Defensores del Pueblo de las Provincias para cuestionar judicialmente resoluciones adoptadas en materia tarifaría por Autoridades de Carácter Nacional, ello en concordancia con los Fallos: 329:4542 y 340:745 y lo resuelto en las causas «Defensor del Pueblo y otro» (Fallos: 341:1727).
A este agravio contra los intereses económicos de los habitantes – usuarios del interior de nuestro País, se suma también la estrategia del Gobierno Nacional que busca por todos los medios impedir el pronunciamiento de la Justicia Federal de Formosa contra el último tarifazo de energía autorizado por Mauricio Macri, mediante la Resolución Nº 366/2018 (55% de aumento), efectuando diferentes planteos dilatorios y apartando de la causa a la Juez designada para entender y resolver el amparo, haciendo que estas causas sean tramitadas ante un Juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como si fuera poco, a sabiendas del criterio de la C.S.J.N. en relación a la legitimación de los Ombudsman de las diferentes Provincias y a fin de dejar a todos los ciudadanos absolutamente indefensos ante sus políticas de neto corte liberal, también cuestionan la legitimación de las asociaciones y sindicatos para atacar una simple Resolución emitida por una Secretaria Nacional como es la de Energía. Así, a la luz del panorama imperante, con una Defensoría del Pueblo de la Nación vacante hace más de 10 años, cabe preguntarse ¿Qué acciones y/o defensas nos quedan a los formoseños? ¿Acaso, nos toca resignarnos sin más, ante todas las decisiones que se adoptan desde el Gobierno Nacional, a pesar de que resulten Inconstitucionales, arbitrarias, desproporcionadas y muchas veces de imposible cumplimiento, como es el caso de los irracionales aumentos en las tarifas de energía eléctrica para provincias electrodependientes, sin gas por redes o la exigencia de los certificados médicos oficiales digitales (CMO Digital) que intiman desde la Agencia Nacional de Discapacidad a los beneficiarios de pensiones por invalidez?. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que por nuestra parte continuaremos realizando todo tipo de planteos, y ya con nuestra Asociación -ADPRA- hemos decidido elevar una presentación a la Comisión Nacional Electoral, solicitando se incluya en los próximos debates presidenciales, una pregunta para los candidatos sobre la designación/elección del Defensor del Pueblo de la Nación y Defensor de Niñas/os y Adolescentes de Nación. Asimismo, advirtió que, la Justicia Federal en todo el País no es imparcial y vemos que en los hechos, los enfrentamientos que se dan en nuestra sociedad, se reproducen en la Justicia y así se cuestiona la eficiencia de los magistrados acorde a sus amistades políticas (supuestas o ciertas) y nunca por su trabajo, por su apego a la Constitución y a la Ley, velando para que se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos, que tienen todo el derecho de acudir en sus Jurisdicciones a los Juzgados Nacionales, pues para ello han sido creados y puestos en funcionamiento.