Desde el 23 de Julio de este año, y producto de las exigencias del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional de Mauricio Macri pondrá fin a la política jubilatoria de inclusión de género con la eliminación de la jubilación de amas de casa, y resta poco para que se venzan los plazos de la moratoria previsional para mujeres de 60 años (con algunos o nulos años de aporte) y no habrá prórroga, con lo cual se perjudicará a miles de mujeres, sobre todo a las amas de casa porque no podrán acceder al beneficio de la jubilación.
Desde la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con el Secretaria General de la CTA – Formosa, Señor Gerardo Delgado; definieron a la medida cuya continuidad peligra como una verdadera reparación que hacía justicia, reconociendo el trabajo no pago, dentro y fuera de los hogares, otorgando una facilidad de aportes a las personas que no cumplieran con el requisito de acceder a la jubilación llegada la edad. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, a través de la jubilación de amas de casa, más del 80% de las mujeres que habían sido excluidas del sistema laboral formal, pudieron ser incluidas y tener derecho a la seguridad social. Muchas de estas mujeres fueron sentenciadas a la precarización y la marginalidad, algunas durante toda su vida, y otras desde los años 90, cuando con similares políticas económicas a las actuales se destruyó la industria y el trabajo, y donde el ANSES registraba la menor contribución de aportes a la seguridad social de las mujeres en su registro. Las intenciones del Gobierno Nacional siempre fue ampliar la edad jubilatoria, desfinanciar el fondo de garantía de sustentabilidad y vaciar el ANSES, para luego privatizar el sistema previsional. El funcionario provincial advirtió que, sin embargo y como contraparte, desde el Gobierno Central a través del ANSES, proponen la creación de una Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM). “En este proyecto, las mujeres son brutalmente vulneradas en sus derechos. La -PUAM- no es una jubilación, es una pensión. Y este beneficio de carácter asistencial no solo representa el 80% de una jubilación mínima (cercana a los $ 8.000), sino que además es incompatible con el desempeño de actividades en relaciones de dependencia o por cuenta propia, no genera derecho a una pensión y eleva la edad de acceder a ella, pasando de 60 a 65 años. De esta manera, las mujeres vuelven a quedar excluidas en lo económico, y en lo simbólico, perdiendo el reconocimiento a su trabajo, aquel al que son empujadas por una política económica donde la timba financiera está sobre las personas” concluyeron. Desde el Organismo de la Constitución exigieron “la continuidad de las políticas de inclusión previsional con perspectiva de género, y no con una visión netamente electoralista. También reclaman la intangibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y denunciaron la ausencia de políticas que garanticen el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la Seguridad Social a través de la inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas”.