Denunció la Defensoría del Pueblo que, como consecuencia única y directa de las políticas liberales y de ajustes del Gobierno Nacional, hoy nos encontramos que el 41,2% de los niños viven bajo una pobreza estructural en todo el País.
Se trata de unos 4,7 millones de chicos que están privados de algún derecho básico; graves problemas en alimentación, medicación y vivienda. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que, no se tratan de cifras sueltas. Todo esto se relaciona con la grave situación que transita la Argentina y que golpea crudamente a los chicos menores de 17 años. El 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria, la situación se ha agravado en los últimos 3 años. Según informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): mientras que en el 2017 el 37,1% de los niños en Argentina estaba alcanzado por esta pobreza estructural, en el 2018 esa cifra llegó al 41,2% de menores cuyas familias tienen ingresos insuficientes, sino que además no están cubiertos por más de un derecho básico. El relevamiento de los niveles de pobreza multidimensional publicado este lunes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) dejó al descubierto que, como producto de un modelo ajustador, la cantidad de pobres pasó en doce meses de 10.773.000 a 12.676.500 en todas las zonas urbanas del país. Gialluca denunció que, con estos resultados, podemos confirmar, que de la promesa electoral de “Pobreza Cero”, en la actualidad tenemos niveles inaceptables de pobreza y desocupación. Así, seis de cada cien hogares urbanos pasan hambre de manera frecuente. Esos hogares representan el 7,9 % de población, asimilable a niveles de 2009, 1,7 de cada diez hogares no logra cubrir sus necesidades básicas de salud. Esta problemática afecta al 22 % de la población urbana, tres de cada diez hogares urbanos no cuentan con red de cloacas, uno de cada diez hogares urbanos no cuenta con servicio de red de agua potable, catorce de cada cien hogares habitan en viviendas precarias y al menos ocho de cada cien no cuentan con baño y conviven hacinados. Y, por si fuera poco, el 27 % de la población habita en hogares con alguno de este déficit. Desde el Organismo de la Constitución, se señaló que, en el marco de una crisis económica profunda, que se desarrolló de manera acelerada a partir de las corridas cambiarias de 2018 y 2019, fue decisión del Gobierno Nacional acudir al FMI; ahora el endeudamiento implicó una serie de “exigencias” del Fondo en materia de recorte del gasto público para alcanzar el “déficit cero”, y estas son las consecuencias. Por lo tanto, la responsabilidad del Gobierno Central es innegable, tanto en el aumento de los pobres como en los niveles de desocupación en alza (9,1 %) o de alta inflación y en el desplome industrial, comercial. Aunque al ministro Nicolás Dujovne le guste decir que “lo peor ya pasó”, prima una creciente inestabilidad cambiaria con tasas superaltas que no frenan el dólar, pero sí la actividad económica y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Es por ello que, este modelo económico impuesto por el FMI y aceptado por el Gobierno Nacional, tiene implicancias reales y concretas para millones de personas. La pobreza afecta a más de doce millones de habitantes de un país que produce y exporta muchas riquezas. El Defensor del Pueblo señaló que el enorme fracaso económico, social y político del actual Gobierno Nacional, se explica por varios motivos entre los que podemos mencionar, la ausencia de control absoluto del Estado a través de los Organismos Competentes, la perseverancia en un sistema tributario totalmente injusto (la CSJN ha fallado en favor de que una jubilada de privilegio no pague el impuesto a las ganancias). Por ello, para poder disminuir o erradicar la pobreza, lo primero que debe existir es estabilidad de precios, (esto es que los alimentos posean valores razonables y reales, al igual que los medicamentos y servicios públicos esenciales entre otros) y generar empleos mediante políticas públicas federales y en donde también todas las provincias puedan participar para mejorar los sistemas públicos de salud, educación, vivienda, infraestructura vial, y que proyectos como el “Plan Belgrano” no sean solamente un eslogan de campaña y de discriminación hacia las provincias del norte argentino, que continuaremos exigiendo, tener una -Tarifa Regional Diferenciada de Energía-, el funcionamiento del Belgrano Cargas, que las autopistas surquen también nuestro Territorio y que se apoyen con créditos blandos a las PyMEs de nuestra zona, entre muchas demandas más que en un sistema republicano se deben desarrollar coordinadamente entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.