Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, su Dirección de Defensa de los Derechos Humanos y Grupos Minoritarios, Contra la Xenofobia y el Racismo, emitió un comunicado con relación a los últimos acontecimientos que involucran a un menor, alumno de la EPES Nº 33, Dr. Ramón Carrillo que, utilizando la conocida red social Facebook, amenazó con causar una masacre en la citada institución, para lo cual invitó a quien lo quisiera a presenciarla de manera virtual.
Desde el Organismo de la Constitución, su titular, José Leonardo Gialluca remarcó: “Sin dudas que el hecho causó estupor en toda nuestra sociedad y temor en los padres y directivos del establecimiento educativo, a tal punto que el 80 % no envió a sus hijos el día de ayer, en el que presuntamente se haría efectiva la amenaza. Como sociedad, estamos obligados a dar respuesta a este tipo de situaciones, pero las respuestas deben ser las adecuadas. Está comprobado que el aplicar penas privativas de la libertad (cárcel) a niños y jóvenes no hará disminuir los índices de criminalidad, sino por el contrario, los aumentará, conforme a las experiencias de diversas partes del mundo. Las cárceles resultan escuela del delito para los menores y si se los recluye el remedio será peor que la enfermedad. En los países en que ha disminuido la proporción de delitos cometidos por menores de edad, precisamente, no se ha tomado como eje central la merma de la edad de responsabilidad criminal, sino más bien se ha trabajado fuertemente en retrasar la primera entrada al sistema de justicia criminal de los niños y jóvenes. La Convención de los Derechos del Niño, a la que nuestro país ha adherido y por ende debe respetar, resalta la necesidad de protección y salvaguarda legal para los menores, promoviendo medidas no judiciales para tratarlos en los casos en que se encuentren en conflicto con la ley penal. Sin dudas que el Congreso de la Nación debe dar respuesta a la sociedad respecto de esa zona gris en materia de legislación, cual es el ¿Qué hacer con los menores que delinquen?. Pero la panacea no está en simplemente disminuir la edad de imputabilidad. Sino más bien en dotar al Estado de las herramientas legales, humanas y materiales que permitan reencausar la conducta de los infantes en los casos en que cometan delitos. La reducción de la imputabilidad a los 15 años como pretende el proyecto remitido al Congreso por la Presidencia de la Nación es una falacia, disminuyendo un año la edad de responsabilidad, no se atiende a la problemática de los menores que delinquen, simplemente se les da trato de reos comunes obligándolos a contaminarse en un entorno socioambiental quizás más nocivo del que el que les toca vivir. El funcionario precisó que el sistema que está dando mejores resultados en el resto del mundo en todo difiere del proyecto de ley del poder ejecutivo nacional pues en delitos contra la vida, al igual que en los casos de menor gravedad, desde los 10 años hasta los 18, se priva a los padres la responsabilidad parental, haciéndolos civilmente responsables del acto del menor, siendo demandados por la reparación del daño moral y espiritual que provoca el delito cometido por los menores, a estos, con el fin de sacarlos de su entorno criminógeno, los alojan en un centro socioeducativo donde pueden completar sus estudios, se les enseña un oficio y son tratados de sus adicciones, si correspondiera.