Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó nuevamente al ENRE -Ente Nacional Regulador de la Electricidad- realizar una Auditoría General a la empresa transportadora de energía eléctrica Transnea, que tiene jurisdicción en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, luego de que la misma viene incumpliendo con algunos puntos de su contrato de concesión, y afectando la calidad del servicio prestado tanto a usuarios residenciales como comerciales de la localidad de Ibarreta, quienes se encuentran sin el servicio de energía eléctrica desde el día de ayer y posiblemente se restituya el mismo a altas horas de la madrugada, hasta tanto personal de Transnea traslade una serie de equipos y transformador incluido que permita nuevamente regularizar el servicio a todos los usuarios de esta importante localidad del Interior de la Provincia.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca pidió «instruir sumario y formular cargos» a la compañía por ese motivo y por no cumplir con el deber de informar. En particular, el Organismo de la Constitución cuestiona la inobservancia del subanexo II B del contrato de concesión, donde se contempla el régimen de calidad de servicio y las sanciones vigentes para el sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal; y para ello es necesario que el ENRE realice una auditoría general con el objeto de «evaluar la organización de los recursos humanos y técnicos que realiza esa concesionaria». De este modo, el ENRE determinará si la gestión de Transnea es la adecuada, tanto para administrar situaciones de normalidad en la red que opera, como las emergencias que se produzcan debido a eventos que pudieran dar lugar a indisponibilidades importantes y prolongadas de equipamientos del sistema de transporte. Desde la Defensoría del Pueblo se insistió en que Transnea realiza desde 1994 las funciones de operación y el mantenimiento del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, que comprende las instalaciones de transmisión en tensión igual o superior a 132 kV y menor a 400 kV; y que es imperiosa la necesidad de que el Gobierno Nacional, “traslade a las provincias toda la potestad de lo relativo a la distribución de energía, para que el sistema de distribución funcione mejor”; siendo además necesaria, “una compensación económica de Transnea a Refsa y de ésta última a los usuarios residenciales y comerciales”.