Desde la -Dirección de Seguridad Social- de la Defensoría del Pueblo, se informó que para evitar cualquier suspensión de pago de las pensiones no contributivas por invalidez, se le reiteró la solicitud al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Santiago Ibarzábal, se adopten las medidas necesarias para evitar que, bajo ningún concepto, se suspenda el pago y el inicio de pensiones no contributivas por invalidez mientras se tramita el Certificado Médico Oficial Digital (CMOD), el nuevo requisito de la Agencia Nacional para los beneficiarios de estas pensiones.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca explicó que se le peticionó, flexibilidad a la Autoridad Nacional, apelando a que intenten asegurarse de que la implementación del nuevo Certificado no signifique un perjuicio —siquiera temporal— para los beneficiarios, ya sea corroborando que el sistema funcione a la perfección antes de emitir notificaciones con plazos perentorios o estudiar al menos la posibilidad de prorrogar el término de 60 días corridos informados por la notificación y brindar la posibilidad de descargo para el caso en que no se pueda cumplimentar el requisito. Todo esto señaló el Funcionario Provincial, debería estar aclarado en la propia notificación y siempre evitando cualquier interrupción del beneficio. El Defensor del Pueblo, “tildó de cínica a la Coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en Formosa Irina Zárate, por haber afirmado que el Gobierno Nacional no corta beneficios a los pensionados, sino que los suspende y además elude todo tipo de responsabilidad, cuando los ciudadanos no saben ni siquiera cual es su función en nuestra Provincia”. La falta de sensibilidad es una conducta permanente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, pues recordemos que en el año 2017 pretendieron dar de bajas más de 170 mil pensiones por invalidez de manera intempestiva e irregular, que luego tuvieron que habilitar por orden de la Justicia. Tampoco olvidamos que Guillermo Badino entonces Director de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales afirmaba públicamente que, “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de estas pensiones y puede trabajar si lo desea” para justificar la eliminación de otras 70 mil pensiones por discapacidad. Gialluca señaló que, “ahora implementaron sin un trabajo de relevamiento en terreno, las intimaciones a beneficiarios para que en 60 días bajo apercibimiento de suspenderles los beneficios y posteriormente la quita del mismo obtengan el Certificado Médico Oficial Digital”. Aquí el Defensor del Pueblo le señaló a Enrique Meza Titular de la Oficina en las Lomitas de la Agencia Nacional de Discapacidad que no mienta y confunda a la gente, pues en todo nuestro territorio provincial las personas discapacitadas tienen posibilidades de ser atendidas en la Ciudad Capital, Clorinda, Las Lomitas y Juárez, quedando en resto de los interesados absolutamente desamparados. La realidad es que, las pensiones no contributivas que se encuentran vigentes a la fecha son: *Madre de 7 Hijos que cobran $7.445,28, *Discapacidad que cobran $7.300 al igual que aquellos beneficiarios que se encuentran en el PUAM (Pensión Universal Adultos Mayores). Ahora, ¿qué sucede con los Certificados para los discapacitados?. En la práctica ante la premura del Gobierno Nacional para eliminar pensiones por discapacidad, están conviviendo el C.U.D. (Certificado Único de Discapacidad), que es extendido por la Junta Evaluadora de Discapacidad Nacional que en Formosa funciona en Capital y también en ocasiones se conforma una Junta Itinerante para atender a todo el interior; este Instrumento es de papel y por otro lado, está el Certificado Medico Obligatorio Digital (CMOD), que para obtenerlo hay que dirigirse a un Hospital Público o Centro de Salud. Es en este punto donde comienzan los inconvenientes pues la imposibilidad material de tramitarlos es real ya sea por falta de información, de infraestructura o de conectividad y no obstante lo cual, “a todos aquellos que han sido intimados mediante Cartas Documentos, los plazos les continúan corriendo y por supuesto que ningún Funcionario Nacional va a decir algo, pero con esto van a empezar a dar de bajas miles y miles de pensiones con guante quirúrgico y de a poco”. El Ombudsman Provincial aclaró que no nos oponemos a la transparencia, menos a la digitalización, pero si rechazamos las improvisaciones y las intimaciones que no respetan el derecho legítimo a réplica que poseen quienes tienen otorgadas legítimamente pensiones por discapacidad desde hace más de 10 años, época en la cual con un Certificado Médico extendido por un Hospital Público, con más los estudios complementarios e informes se presentaban a la Delegación de la Comisión Nacional de Pensiones y se iniciaba el trámite que culminaba con la concesión del beneficio. Estas personas hoy están siendo intimadas y no encuentran una contención ni asesoramiento correcto ni en las Oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad de nuestra Provincia, ni en el ANSES, “pues tenemos fundadas sospechas de que la intención del Gobierno Nacional, es que estos beneficios sean eliminados, que no se tenga acceso a la Obra Social y de esta forma profundizan los recortes que consideran como gastos”. Es por esto que a todos aquellos que reciben las intimaciones, deben inmediatamente contactarse o concurrir a la Defensoría del Pueblo pues entendemos que va ser necesario efectuar un descargo contra las mismas, hasta tanto la Agencia Nacional de Discapacidad reconsidere esta situación y prorrogue los plazos para el cumplimiento del Certificado Médico Obligatorio Digital, sin suspender ningún beneficio. Por otra parte, en el caso de aquellos pensionados por discapacidad que tengan algún inconveniente, pero que ya hayan cumplido la edad correspondiente, se les harán los trámites para que ingresen a la pensión por vejez, todo ello siempre en el contexto de lo que fijan las normativas vigentes, ya que Institucionalmente, “Gialluca señaló que no avalaremos que quien accedió a un beneficio por discapacidad de manera irregular o algún profesional médico no hizo las cosas como corresponden, sean amparados en el goce de algo que no les corresponde”.