Se llevó acabo en horas de la mañana en la Sede de la Defensoría del Pueblo una nueva reunión de trabajo de la cual participaron los Representantes de la CGT – Regional Formosa, con Hilario Martínez por UOCRA, Isabelino Idoyaga Secretario General de UPCN, Gremios, Sindicatos y Asociaciones, entre ellos el de Obreros y Empleados Telefónicos junto a su Secretario General Hugo T. Jara, SOESGYPE Sindicato Obrero y Empleados de las Estaciones de Servicios, Representado por su Secretario General Rivas H. Sergio, ADF con Ibars Vilma, ADUFOR con Cristina Berretta, SATSAID Sindicato Argentino de Televisión Formosa, con Jorge Emilio Larré, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Sylvina Portillo y la Secretaria General del Organismo Mariela Cáceres, donde se decidió por parte de los antes citados sumarse a la Acción de Amparo que tramita por el Juzgado Federal y que denuncia la Inconstitucionalidad de la Resolución Nº 366/18 dictada por el Gobierno Nacional y que impuso un aumento del 55% y eliminó la Tarifa Social; transfiriendo a las provincias la responsabilidad para que con sus propios recursos afronten estas situaciones, sumado al “olvido” del Estado Nacional de encargarse que los precios de los alimentos, medicamentos, vestimenta, combustibles, útiles escolares etc., posean valores justos y razonables, dejando todo ello librado a las grandes empresas y laboratorios monopólicos, que en forma -cartelizada- imponen a todos los consumidores y a la cadena de comercialización, precios irracionales que no pueden ser pagados por los salarios que si bien han tenido algunas mejoras, todas ellas se encuentran muy lejanas de alcanzar la terrible inflación del año 2018 y la producida en estos primeros meses del corriente año, aumentando de este modo la indigencia; pobreza y haciendo que la denominada -clase media- se vea privada de derechos y beneficios que consideramos básicos, llevando todo esto a tolerar “errores inconcebibles que se convierten en una verdadera guillotina social” y es por esto que confiamos en que es la hora de que el Poder Judicial, tanto provincial como federal, pongan las cosas en su lugar, esto es, “todo dentro de la ley y nada fuera de ella”.
Pues a esto el desentendimiento y castigo que están recibiendo los sectores más vulnerables, entre ellos jubilados, pensionados y desempleados es insoportable, y todo porque nos hemos endeudado como País exorbitantemente de manos del Fondo Monetario Internacional, quien es el que maneja realmente en los hechos nuestra economía y que ha ordenado eliminar todo tipo de subsidios con el único anhelo de llegar al -déficit cero-. Por ello también es necesario expresar que el Pacto Fiscal nunca fue beneficioso para las provincias y menos para Formosa. Fue una extorsión del Gobierno Nacional que redistribuyó los fondos arbitrariamente en detrimento de los Formoseños y favoreciendo a la Provincia de Buenos Aires y a C.A.B.A. Así, Formosa fue obligada a renunciar a todos los Juicios contra el Gobierno Nacional; reducir impuestos, permitir la intromisión en nuestros sistemas de recaudación, es decir, el Pacto Fiscal fue siempre desventajoso para las provincias que lo firmaron, y las que no lo suscribían, eran amenazadas con no recibir los fondos que por ley les corresponden dentro de un sistema Republicano de Gobierno y un Estado Federal. Actualmente nuestra propia Corte Suprema de Justicia a ordenado que el Gobierno Nacional debe pagarle 15 mil millones de pesos a la Provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación, siendo que esta Jurisdicción junto con Córdoba y Santa Fe, ya obtuvieron sentencias favorables, todo esto porque la Corte ha declarado Inconstitucional los descuentos unilaterales de porcentajes de Fondos Coparticipables. Es por alguna de estas cuestiones planteadas y porque los trabajadores ya no soportamos ninguna clase de tarifazos en los servicios públicos, ni de ajustes que están llevando a la muerte a nuestros abuelas/os dado que no pueden adquirir sus medicamentos, nuestras niñas/os y adolescentes, no son cubiertos con el calendario de vacunación obligatoria y entre tanto el Gobierno Nacional, “recalcula lo que el FMI le ordena”, tampoco podemos continuar aceptando la paralización de la obra pública, de la precarización del empleo y el cierre de comercios y PyMEs que no pueden sobrevivir a la altísima presión tributaria, lo cual nos avala en nombre de los más perjudicados a que cada parte reunida en esta oportunidad y conforme a sus Estatutos soliciten formalmente a sus Organizaciones Centrales a nivel nacional, a adoptar de manera urgente medidas concretas que permitan, “poner un freno a toda medida del Gobierno Nacional que perjudique los golpeados y alicaídos salarios de los trabajadores argentinos y esto lo consideramos necesario y legítimo para desenmascarar de una vez por todas el contraste entre el discurso del Estado Nacional junto a sus Representantes Locales y la realidad que vivimos desde hace más de tres años, denunciando que estamos al límite de mayores tensiones sociales, pues ya no aceptamos que nos digan que “estamos mejor o estamos en camino” puesto que ese sendero es para pocos y nuestra obligación es la de defender los derechos económicos, sociales y políticos de todos los Argentinos, más allá de las banderías políticas, para una reactivación real de la Industria Nacional, para controlar de una vez por todas el flagelo de la inflación y hacer realidad que todas las familias puedan vivir dignamente como resultado del esfuerzo que hacen todos ellos en los distintos ámbitos en que se desenvuelven y de esta manera volver a ser un País en donde sus Autoridades gobiernen con proyectos propios y no foráneos.