Se mantuvo en la Sede de la Defensoría del Pueblo una nueva reunión con Representantes de Sindicatos y Asociaciones de nuestro medio que acompañarán formalmente en la Acción Judicial de Amparo, presentada contra la Resolución Nº 366/18 de la Secretaria de Gobierno de Energía de la Nación que, estableció un aumento del 55% en la energía mayorista para este año.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca recordó que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Delegación Formosa, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicato Argentino de Docentes Privado (SADOP), la Asociación de Radiodifusores de Formosa (ARFOR) y otras Asociaciones Civiles sin fines de lucro, ya adhirieron al pedido de Inconstitucionalidad del Instrumento antes citado y en esta oportunidad el Sindicato Vial, representado por Héctor Lezcano, el Centro de Empleados de Comercio a través de Anibal Alarcon, junto a Segio Recalde, Javier Bobadilla y la Dra. Claudia Escalante todos estos últimos por el Sindicato de los Camioneros de Formosa, más la Secretaria General Sra. Basilicia Benitez y el Secretario Adjunto Lucas Arriazu por la Asociación Judicial de Formosa, decidieron sumarse a esta iniciativa toda vez que el camino del tarifazo impuesto por el Gobierno Nacional para el 2019 está lejos de su final y entienden que se ha optado por continuar castigando con incrementos tarifarios muy duros a las familias formoseñas que pertenecen a diferentes sectores sociales, poniéndose a prueba la paciencia de la gente como no se veía desde la crisis de fines de la convertibilidad. A esto se le suma el rotundo fracaso de gestión de la economía del Gobierno Nacional que ha dinamitado la capacidad de compra de los salarios que han terminado sepultados por una inflación que no se detiene y en donde los trabajadores continúan perdiendo derechos y la imposibilidad de adquirir bienes esenciales, “al punto tal de que se ha eliminado la tarifa social eléctrica debiendo todos los usuarios residenciales pagar una tarifa plana, hechos consumados sin consultarse en Audiencias Públicas a nadie y lo que es peor sin transferir recursos a las provincias para poder enfrentar esta medida y todos sabemos que el bolsillo de la provincia es bastante más chico que el de la Nación, por lo que apostamos a la Justicia Federal para que en Formosa como en casi todas las jurisdicciones, se declare la Inconstitucionalidad de la Resolución Nº 366/18. El Defensor del Pueblo, informó también que el próximo jueves, mantendremos reuniones ampliadas con representantes de otros sectores de los trabajadores entre ellos: UOCRA, UPCN, ADUFOR, SOESGyPE, S.I.T.A, ADEB, SOET, FOECOyP, A.A.L, ADF, SATSAID y otros, los que también seguramente adherirán a la Acción Judicial que busca probar la irracionalidad y confiscatoriedad del último tarifazo impuesto por las Autoridades Federales. Asimismo, el Funcionario Provincial ilustró que mediante la Resolución Administrativa Nº 619/19 del Expte. 53.923 de la “CAMARA FEDERAL DE APELACIONES S/ IMPLEMENTACION DE SUBROGANCIAS – LEY 27.439” con fecha 15 de febrero del corriente año y puesta a despacho el día de ayer, atento a las facultades de superintendencia que ejerce la misma y para garantizar la continuidad y eficacia del Servicio de Justicia, designó a la Jueza Federal de Primera Instancia Nº 1 de Resistencia -Chaco- Dra. Zunilda Niremperger para que se aboque al Amparo Judicial que se encuentra en trámite. Por último, Gialluca señaló que este es el trabajo solidario, asociado y responsable que venimos llevando acabo en el ámbito judicial y también aguardamos con seguridad que, el Estado Provincial implementará en algún momento, “medidas paliativas” para que las franjas sociales más vulnerables, puedan hacer frente al pago de sus facturas de energía eléctrica que nosotros entendemos con un -Derecho Humano Esencial- y así cada Jurisdicción de acuerdo a sus finanzas, van concretando alternativas para amortiguar este demoledor golpe al bolsillo de los trabajadores, ya sea cubriendo en parte lo que antes subsidiaba nación o estableciendo un esquema de pagos en cuotas para usuarios residenciales y también para los comerciales o PyMEs; esto en la búsqueda de alivianar las consecuencias sociales y económicas que continúa generando el Gobierno Nacional, quien suma además la grave decisión política de preservar los intereses de las grandes generadoras de energía en manos de empresarios amigos como lo son Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin.