Frente a las posturas contrarias expresadas por distintos sectores ante la decisión tomada por el titular de la Defensoría del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, en relación a afirmar que el DNU dictado por el Presidente Mauricio Macri en cuanto a la extinción de dominio no es un tema para sacar por Decreto, el Funcionario Provincial ratificó su postura y aclaró que esto no significa ni implica que se pueda a través del Poder Judicial o con la sanción de una Ley, -recuperar lo mal habido tanto por personas físicas como jurídicas en nuestro país-.
Gialluca aclaró que lo que estamos expresando Institucionalmente desde este Organismo de la Constitución es que el Gobierno Nacional al publicar en el Boletín Oficial bajo el nombre de “Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio” y que viene siendo objeto de variadas críticas por su inconstitucionalidad manifiesta, lo menos que nos cabe como obligación a nuestros deberes públicos es afirmar que el Presidente de la Nación obviamente no puede estar mal asesorado, “sino que esta es otra jugada electoral de campaña, como lo es bajar la edad de imputabilidad y la puesta en marcha de una nueva doctrina de seguridad legalizando el gatillo fácil, vías, Decretos de Urgencia y salteándose al Congreso de la Nación”. El Ombudsman Provincial señaló el cinismo de todas estas medidas que desvían la atención sobre los temas que a la gente le interesa que se solucione para poder vivir dignamente y nos estamos refiriendo a dominar la inflación, a dejar sin efecto los aumentos desmesurados y confiscatorios de la energía eléctrica, del gas, de los alimentos, de los medicamentos y señalar que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron legítimamente y el que las hace las paga”; involucra desde ya a empresas relacionadas con el propio Presidente de la Nación donde podríamos decir que si hay un grupo empresario que en la Argentina las hizo casi todas y nunca pago nada son los emprendimientos de Franco Macri, padre del actual Presidente, habiendo sido contratista del Estado fue uno de los creadores de la llamada “Patria Contratista” a partir de la cual se enriqueció generosamente durante la última dictadura cívico – militar, fue además beneficiado por la estatización de una deuda millonaria otorgada por Domingo Cabalo, Presidente del BCRA al finalizar la dictadura, para adaptarse en los años 90 a la moda empresarial de esa época y se volvió a beneficiar con la privatización del Correo Argentino. Es por ello que Gialluca advirtió que la extinción de dominio no es un tema penal, no es un tema para sacar por Decreto, sí es un tema importante y que se debe trabajar en la búsqueda de consensos en el Congreso de la Nación para llegar a un acuerdo que permita un tratamiento legislativo sobre esta cuestión. Esto va para quienes nos quieren hacer aparecer, como que nos oponemos y somos los que pretendemos amparar la corrupción, no se trata de esto, sino de que para recuperar lo robado se haga, “todo dentro de la Ley y sin ninguna demagogia electoral porque de lo contrario los únicos perjudicados volvemos a ser los ciudadanos que trabajamos todos los días tanto en el sector público como en el privado en nuestro País”.