La Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia, Sylvina Portillo, remarcó la postura institucional del Organismo de la Constitución, acorde con la Defensa de los Derechos Humanos, con relación al planteo del Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, de reformar el sistema penal juvenil, bajando la edad de imputabilidad penal de las personas a 15 años.
En este sentido, la funcionaria resaltó que de sancionarse la norma la solución no será tal, sino que generará más problemas. “Hay razones lógicas, sociales y fundamentalmente legales para no apoyar la iniciativa, expresó. En primer lugar, no parece razonable encarar la problemática de la criminalidad en niños y jóvenes centrándose en la violencia que los mismos manifiestan y no en aquella a la que la sociedad los somete diariamente. Desde el punto de vista social, estimamos que el Estado Nacional, lejos de abrir más cárceles debería asegurar mejores condiciones de vida para la gente. Los países que tienen los menores índices de delincuencia en general y juvenil en particular, son los que tienen mayor ocupación activa de su población. Es decir, antes que esperar que niños y jóvenes delincan, les ofrecen mayores alternativas laborales, mejores niveles de educación, oportunidades recreativas, así como deportivas y promueven activamente políticas públicas para abordar la temática de la violencia social. Jurídicamente hablando, la letrada expuso que existen un sinnúmero de normas que establecen que a los niños y jóvenes que cometen delitos no se les debe aplicar “el régimen represivo”, es decir la cárcel, que es una verdadera escuela de delincuencia, tal y como se pretende; sino debe implementarse el “sistema tuitivo”, el cual consiste en desplegar medidas que faciliten que los infantes se reinserten como personas útiles a la sociedad. Esto no es una mera opinión, subrayó la funcionaria, lo dicen los Tratados Internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que nuestro país ha suscripto y tiene jerarquía mayor a las leyes del Congreso de la Nación, no obstante lo cual, también la legislación nacional regula en tal sentido. Un claro ejemplo es la Ley Nacional Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061. Con tales fundamentos la Defensoría del Pueblo de la Provincia, peticiona a los Diputados y Senadores por Formosa que no apoyen la iniciativa del Ejecutivo Nacional, en la convicción de que la problemática de la inseguridad en el país debe ser abordada seriamente y no de manera simplista. Hay que seguir el ejemplo de otros países del mundo en los que se obtuvieron buenos resultados, no precisamente abriendo más cárceles, sino inaugurando más escuelas, más clubes deportivos, más espacios recreativos, culturales y formativo-laborales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, Estados que han abordado a la violencia social no por la mirilla de la expresiones de la misma que muestran los menores, sino de manera integral, trabajando con cada integrante de las familias las que, en su conjunto, forman nuestra sociedad.-”
