La Defensoría del Pueblo, demandó judicialmente a las Administradoras de Planes de Ahorro de Automóviles que desarrollan su actividad en la Provincia, en virtud de los exorbitantes aumentos que aplican en los montos de las cuotas.
La demanda fue presentada luego de numerosas denuncias realizadas por ante el Organismo de la Constitución, desde donde, finalmente se resolvió plantear el pedido a la justicia en defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores formoseños, que revistan la condición de adherentes o adjudicatarios en planes de ahorros de autos. Sobre el particular, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, manifestó: “ La acción judicial es comprensiva de la situación en la que se encuentran decenas de miles de formoseños, que vienen pagando regularmente las cuotas de sus planes y en éste momento se hallan en la imposibilidad de hacerlo, debido a que no pueden llegar al monto de las cuotas, en tiempo y forma, a causa de los permanentes y abusivos aumentos registrados en el valor de los vehículos, señalando que, los mencionados aumentos están contemplados en las Condiciones Generales autorizados por la Inspección General de Justicia de la Nación, quien permite que el valor de los automóviles “no tenga techo” y consecuentemente tampoco tiene límite el precio al que pueden llegar las cuotas y dado que todo está fijado en dólares, los consumidores se encuentran con que el mismo trepó al 100 % éste año y sus salarios, en el mejor de los casos sólo recibieron una mejora del 25 %, por esto el que inició el año pagando una cuota de $2000 hoy debe afrontar pagos que incluso superan los $ 7000. Gialluca informó que se solicitó también una Medida Cautelar Genérica a fin de evitar el daño inminente e irreparable a los adjudicatarios de planes de ahorro de la Provincia de Formosa y que la Justicia disponga con carácter urgente, que las Sociedades Administradoras de Planes de Ahorro se abstengan de promover Juicios de Ejecución Prendaria de la Provincia, respecto de los adjudicatarios que se encuentran en mora y/o en estado de gestiones extrajudiciales, hasta tanto recaiga sentencia firme en este Juicio. En éste caso, desde la Secretaría Letrada, el Dr. José Porfirio García, señaló que es de aplicación plena la denominada Teoría de la Imprevisión prevista en el Art. 1091, del Código Civil y Comercial de la Nación, facultad que le cabe al Defensor del Pueblo, como representante de los derechos colectivos de los consumidores de la Provincia, a fin de solicitar la disminución de los montos en las cuotas, en un marco de razonabilidad (en otras palabras que se prorrateen los aumentos en un número mayor de cuotas, para que los adherentes y adjudicatarios que acepten esta opción de diferimiento o prorrateo puedan abonar las mismas y evitar así las Resoluciones Contractuales); que el precio de los bienes para planes guarde alguna relación con los ofrecidos para las ventas en efectivo; que se le exima a los adjudicatarios en mora, de pagar determinados gastos de cobranza extrajudicial y se les facilite la posibilidad de cancelar los saldos de deuda en aquellos casos en los que se haya debido proceder a la ejecución judicial del automóvil prendado, ello en miras a evitar una mayor afectación patrimonial del suscriptor o sus fiadores, garantizándose la protección de los intereses económicos de los consumidores y el acceso a una información adecuada y veraz conforme lo dispone la Ley 24.240 y el art. 42 de la Constitución Nacional, entre otros pedidos. Asimismo, se aclaró que, de hacerse lugar a esta medida, sus alcances beneficiarían a todos los consumidores formoseños que se encuentren vinculados a los Planes de Ahorros de automóviles. El Ombudsman Provincial criticó con dureza a la I.G.J. de Nación por no intervenir en estas situaciones que se están dando en todo el País ya que este Organismo está habilitado para dictar resoluciones a favor de los consumidores y hoy se desentiende de los mismos, como también lo hace la Empresa FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS que administra el Plan FIAT, la cual se niega a recibir los reclamos administrativos remitidos desde la Defensoría del Pueblo y por ello ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia.