Durante la gestión del ex Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren quien por decisión del Presidente de la Nación, determinaron la liberación absoluta del precio de los combustibles allá por el año 2.017, y expresaron que se efectuarían fuertes controles para evitar la cartelización en el sector, esto es que las Empresas Petroleras se pongan de acuerdo para fijar precios de los carburantes y prometieron aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en caso de abusos, nada de eso se cumplió, es más hasta la Petrolera Nacional YPF que tiene mayoría en el mercado fue la que inició varias de las subas que hoy soportamos los consumidores.
En este contexto de liberación del precio de los combustibles, ocurrió que el valor internacional del petróleo bajó, pero esto nunca se reflejó en las naftas y todos sabemos que el precio de las antes citadas impacta directamente en los alimentos, medicamentos y servicios públicos esenciales destruyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos. Resulta que ahora “habrá precios indicativos de combustibles o valores de referencia que serán por provincia, con la intensión de evitar abusos por parte de los comerciantes y empresarios que manejan el sector”. Así las cosas el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca se preguntó ¿por qué el Gobierno Nacional a través de sus áreas competentes no controla o concilia con las petroleras el precio de los carburantes? de modo que no se produzcan justamente lo que se quiere evitar, ya que las petroleras están siguiendo en este momento un camino contrario al que desea el Gobierno de Mauricio Macri y con el incremento de los costos esto repercute como dijimos en los fletes, y luego en todos los precios y continúa así la espiral inflacionaria. Rechazó el Defensor del Pueblo lo afirmado por el actual Secretario de Energía Javier Iguacel en cuanto a que los precios de los combustibles, “están muy bien en el interior del País”; afirmar esto es desconocer la realidad que se vive en el Norte Argentino donde en el NEA Y NOA pagamos las naftas más caras de la Argentina y esto no se debe a mayores costos logísticos por traslado de las petroleras, sino a los abusos de las mismas, a la fuerte cartelización existente y que es ignorada por el Gobierno Nacional, a la falta de competencia y a la existencia de un gran número de estaciones de Bandera Blanca que tiene los precios más altos que las restantes. Por otra parte desde el Organismo de la Constitución se señaló que la publicación de los precios indicativos informado por el Secretario de Energía no establece quien o que Organismo controlará que los mismos por lo menos se cumplan y en verdad en un mercado donde el precio de las naftas están liberados, los consumidores no vamos a esperar que las petroleras, las estaciones de servicio y todos los actores de la cadena de comercialización mantengan o disminuyan los valores vigentes, habiendo existido 12 aumentos de precios en las naftas y el gasoil en lo que va del 2.018, por lo cual consideramos Institucionalmente a esta medida como una decisión que se asemeja “a una publicidad engañosa pero en este caso por parte del Gobierno Nacional”; con una fuerte contradicción al querer establecer precios de referencias en una política Petrolera Nacional de naturaleza ultraliberal.