Ante la estampida de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y haberes jubilatorios podría superar este año los 10 puntos porcentuales; y en esa carrera entre ingresos y precios quienes quedan en el peor lugar son siempre los jubilados y quienes no poseen ninguna Obra Social pues en este caso es la Salud Pública Provincial a través de sus mecanismos ya establecidos los que deben enfrentar cada día que pasa mayores demandas de ciudadanos de toda la provincia.
Desde la Defensoría del Pueblo se denunció que al mismo tiempo que PAMI recorta prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos se verifica una sostenida tendencia a la suba de los precios de aquellos que más utilizan las personas mayores. Se puso como ejemplo un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos Para Personas Mayores (Ceppema) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec) donde se advierte que existe un «incremento sostenido de los precios de los medicamentos en general a lo largo de los últimos dos años. Esta situación se agrava y resulta aún más preocupante si se centra la mirada en aquellos medicamentos que son consumidos con frecuencia por las personas mayores». En ese sentido, destaca que el promedio de aumento de los 50 medicamentos más consumidos por los adultos mayores en el periodo mayo 2015 – agosto 2018 fue del 157,8. En tanto, a la hora de evaluar por medicamento, el Atenolol fue el que más se encareció: tuvo un aumento del 364,7% en dos años y medio de Macri. En la otra punta, la amoxicilina se incrementó un 87% en el mismo período. En este contexto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que los laboratorios tanto nacionales como extranjeros manejan a su arbitrio y sin ningún control desde hace un tiempo a esta parte la fijación del precio de los medicamentos en nuestro País, lo que ha empeorado a partir de la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a los programas y planificaciones de vacunas que por su precio no son accesibles ni siquiera a la clase media y ni que hablar a los grupos familiares que no poseen un trabajo y necesitan vacunar a sus hijos. En esto también tiene una gran responsabilidad Ignacio Werner, que era subsecretario de Comercio Interior y fue ascendido a Secretario. Por permitir los abusos y cartelizaciones entre los laboratorios que operan en nuestro País y que hacen que las franjas sociales menos pudientes, los jubilados, adultos mayores o personas de más de 60 años que consumen en promedio entre 4 y 8 medicamentos por día queden hoy abandonados a su suerte.