La Defensoría del Pueblo de la Provincia, por intermedio de su -Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Audiencias Públicas-, remitió un formal requerimiento a la Cancillería Argentina, a cargo del Dr. Jorge Faurie, a los efectos de que el mismo ordene se avoquen al conocimiento de la situación actualmente existente en cuanto al reparto de las aguas del Río Pilcomayo y “defienda la Soberanía Nacional respecto de la mitad del caudal del citado curso hídrico, siendo que su cauce sobre el territorio provincial podría permanecer meses sin aguas, si no se ejecutan importantes obras de correderas (canalización)”.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló que en la Actuación remitida, desde el Organismo de la Constitución, se hizo referencia al hecho de que desde la década de 1940, tras la firma del Tratado Internacional con la República del Paraguay, que permitió el desarrollo del Proyecto Pantalón, se pudo concretar con el vecino país la división equitativa de las aguas del Río Pilcomayo. Anualmente las Cancillerías de ambas naciones (Argentina y Paraguay) se han puesto de acuerdo sobre ¿Qué obras ejecutar a los fines indicados?. Éste año en particular, desde el lado paraguayo se han realizado las tareas necesarias para lograr el ingreso del caudal hídrico del Río Pilcomayo en ésta época (de bajante). Pero en el lado Argentino dichas obras aún no se han materializado, lo cual “pondrá en riesgo de sequía” a vastos territorios de la Provincia de Formosa, pues las aguas dejarán de ingresar en breve a los mismos, con las consabidas nefastas consecuencias, indisponibilidad del vital elemento para potabilizar en decenas de poblaciones criollas y aborígenes, sequía de cultivos y mortandad de todo tipo de animales (ganado mayor, menor, domésticos y silvestres). La instancia acotó el Funcionario Provincial refiere a que, desde Formosa ya fueron realizados los estudios de las obras correctivas que deberán ejecutarse sobre el Río Pilcomayo, habiendo dado el Gobierno de la Provincia el aval para la presentación de los pliegos, por lo que ahora se hace imperioso que la Cancillería Argentina acompañe el pedido de Formosa para que el Gobierno Nacional, mediante las inversiones necesarias, evite lo que podría ser una catástrofe ambiental, social y económica de enormes magnitudes, que nos habilitará para el caso de continuar la parsimonia del Gobierno Nacional sobre este tema en particular a acudir a la Justicia competente en búsqueda de la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios que serán justipreciados oportunamente.