Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se consideró que detrás de la Reforma Militar que impulsa el actual Gobierno Nacional, existen especulaciones políticas, económicas y de otra índole, más allá de las distintas interpretaciones que se puede tener sobre si el decreto dictado oportunamente es constitucional o no, o si este tema debe salir por ley del Congreso de la Nación.
Una de las principales cuestiones que no se visibilizan, “son las internas y las necesidades existentes en las fuerzas armadas de nuestro país, lo que quedó evidenciado el último 9 de julio del corriente año, donde por motivos poco claros las fuerzas armadas no desfilaron el Día de la Independencia. Nadie tiene en este tema la verdad absoluta, pero lo cierto es que la reforma militar dispuesta por Mauricio Macri a través del Decreto 683/18 tiene un trasfondo en las filas del Ejército, donde el tema ya adquiere ribetes de interna. El Jefe de Estado Mayor del Ejército, General Claudio Pasqualini, desde el año pasado viene remarcando su oposición a que las Fuerzas Armadas se involucren en la Seguridad Interior. Entre los argumentos expresados por él, está la carencia de una preparación profesional adecuada, la inexistencia de un Código de Justicia Militar (fue derogado) que les dé garantías judiciales a efectivos militares entre otros. Así también la cuestión de los militares presos por delitos de lesa humanidad juega un rol preponderante en Pasqualini debido a una cuestión personal, su suegro es el Coronel (RE) Athos Gustavo Renes, preso desde hace diez años en el penal militar de Campo de Mayo, acusado por delitos de lesa humanidad. Según la ficha del CELS, durante el último proceso militar, Renes era en el Chaco el Jefe de la Compañía de Comunicaciones del Grupo de Artillería 7 (GA7) en Margarita Belén. Así es que las familias de muchos presos, a partir de esta situación, presionan para que el Estado Mayor obtenga mejores condiciones de detención para los casi 1000 presos. Pero existen otras dos razones económicas que refuerzan la resistencia a la reforma militar. La primera es que, debido a sus bajos sueldos, los militares trabajan sólo hasta el mediodía y luego cumplen tareas privadas. No está claro que por participar en seguridad los uniformados vayan a cobrar más de lo que actualmente se les está pagando pero es una posibilidad. El segundo problema es la venta de inmuebles, que quedarían vacíos en caso de reagruparse las instituciones militares en tres grandes fuerzas de despliegue, lo que llevaría a que dejaran de usarse numerosos cuarteles y campos de instrucción. El Gobierno Nacional les ofrecería a las fuerzas armadas un 30 por ciento del producto de la venta de inmuebles y el resto iría a rentas generales. Este porcentaje no sólo es insuficiente sino que el desmantelamiento implicaría dejar a las fuerzas sin los recursos que hoy cuenta por concesiones de predios a terceros. Frente a esta postura, el Gobierno Nacional a través del Teniente General Bari del Valle Sosa, Jefe del Estado Mayor Conjunto confronta con Pasqualini en lo que hace a la actual reforma. Claro está que Del Valle Sosa no es ajeno al círculo del macrismo, su esposa se desempeña en el Senado como asesora de Federico Pinedo; por otro lado también a este se suma Miguel Ángel Toma, Director de Techint, designado por Macri en Representación del Estado; de esta manera lo que toda la Sociedad Civil no comprende ni entiende es que funciones pasarían a ocupar las Fuerzas de Gendarmería Nacional, y aquí el punto es que ante la profunda y cada vez más incierta crisis económica y social, que se agudiza día a día, no podemos ser ingenuos en que se multiplicarán las protestas sociales y gremiales, por lo cual se utilizaría a la Gendarmería Nacional, como brazo armado disuasivo y de control, no solamente de movilizaciones, medidas de fuerza, protestas, paros y otras acciones que se encuentran garantizadas dentro de los derechos que poseen los trabajadores en nuestro país.