Se solicitó prorroga más la no eliminación del Monotributo social y/o alternativas ante su desaparición para contener a estas franjas sociales altamente vulnerables.
Desde la Defensoría del Pueblo, se denunció la diferencia de enfoques sobre los agricultores familiares, campesinos, productores rurales, pescadores artesanales y comunidades originarias, que posee el Gobierno Nacional y el de nuestra provincia, siendo que con el Monotributo Social Agropecuario (MSA), tenían los antes citados una herramienta a costo cero, una vez que eran incluidos en el Registro Nacional de la Agricultura Nacional (RENAF), pero el Gobierno Federal que tiene otra mirada y no pone en agenda a estos pequeños sectores por lo que el Ministerio de Agroindustria de Nación, ha decidido la eliminación del Monotributo Social Agropecuario desde fines de diciembre del corriente año. El MSA fue creado en 2009 durante la Presidencia de Cristina Fernández, con el objeto de formalizar la comercialización en el segmento de productores rurales más pobre y garantizarles a los agricultores familiares, campesinos y comunidades originarias, una obra social y aportes previsionales. Fueron sus principales beneficiarios pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores, ganaderos, pescadores de muy baja escala, entre otros. Lamentablemente, “una vez más desde el Estado Nacional, se recorta otra política pública destinada al mejoramiento y/o formalización de un sector social humilde, como es en éste caso el de la agricultura familiar”. El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, coordinadamente con el Director del Registro, Control y Fiscalización: Dr. Orlando Amílcar Mendoza dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente , recordaron que el viernes 10 de agosto, vence el plazo para la actualización de datos para mantener el costo cero, hasta fin de año del Monotributo Social Agropecuario, trámite que se realiza en las distintas Delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, donde los beneficiarios pueden optar por darse de baja en ese Monotributo y señaló que quienes no realizan el mencionado trámite, automáticamente deberán abonar el 50% de la Obra Social. Todos deben acercarse con su DNI y el de los adherentes del grupo familiar, como así también con el comprobante de al menos una factura emitida en el último año, es decir entre julio/2017 y julio/2018. Este reempadronamiento se inició el 2 de julio y finaliza el 10 de agosto inclusive y quienes lo hagan conservarán el beneficio actual en forma gratuita hasta fines de este año. Gialluca, recordó que a partir del 1 de enero del 2019 los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán darse de baja de este Régimen, que es lo que está haciendo la mayoría en Formosa. El 25% del beneficio (unos $268 por persona), actualmente cubierto por el Ministerio de Agricultura desde el 2019 deberá ser pagado por el agricultor familiar, quien también deberá cubrir la proporción del beneficio adherente (Obra Social para integrantes de la familia), por lo que la carga para el pequeño productor se incrementará notablemente. Institucionalmente, se cursó desde el Organismo de la Constitución una solicitud al Dr. Luis Miguel Etchevehere Ministro de Agroindustria de Nación, a quien se le solicitó una urgente Audiencia para abordar esta temática, puesto que los pequeños productores de nuestra provincia, como así también de otras jurisdicciones están sufriendo un ajuste y una falta de atención por parte del Gobierno Nacional que es preocupante y a estos sectores a los cuales el Gobierno Provincial desde hace años viene apoyándolos permanentemente a través de diversos Programas entre ellos el Paipa entre otros, en la actualidad las arcas del Estado Provincial deben hacerse cargo de áreas todas estratégicas como el de la salud pública, la educación, comedores escolares y en este caso, exigiremos que no se concrete la eliminación del Monotributo Social Agropecuario y en su defecto se implemente otra alternativa sustitutiva al mismo, para garantizarle a los productores rurales más castigados por la inflación y por la actual crisis económica que puedan tener su obra social y sus beneficios como los venían teniendo hasta antes de la decisión adoptada contra los mismos; como así también peticionaremos la prórroga del plazo para la actualización de datos.