La Dirección de Salud y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, remitió una actuación al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, para que cesen las autorizaciones a los aumentos indiscriminados en la medicina prepaga, habida cuenta que, desde mañana se incrementan hasta un 7,5 por ciento según lo estableció la Cartera de Salud.
Desde el Organismo de la Constitución, su titular, José Leonardo Gialluca, destacó que son correctos los datos dados por la Fundación Soberanía Sanitaria (FSS) la cual denunció que, con este ajuste, desde diciembre de 2015, la suba acumulada llegará al 126 por ciento, unos 25 puntos por encima de la inflación minorista del mismo período.
El informe de la FSS, sostiene además, que el incremento será el tercero en lo que va del año. Los anteriores fueron del 4 por ciento en febrero y 7,5 por ciento desde junio. Según la resolución del Ministerio de Salud, el incremento en las cuotas se funda en las “variaciones de la estructura de costos de las empresas” realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los cálculos actuariales necesarios, la verificación fehaciente del incremento del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias así como el incremento de costos de recursos humanos. En lo que va del año las subas acumulan ya el 20 %, siendo pretensión de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integrada (ACMI) que nuclea a las empresas prestatarias del servicio, que se autorice hasta un 35 % en todo el 2018.
En éste sentido, el Ombudsman Provincial resaltó que una gran parte de los 6 millones de argentinos, 1 millón doscientos mil, para ser exactos, no está adherido a las empresas de medicina prepaga, sino que se los envía a dicho servicio por lo que se denomina derivación de aportes, es decir que son obligados a soportar los costos de los que se les deduce de sus salarios. De lo que resta, la gran mayoría, no tiene más remedio que renunciar, volcándose al sistema público de salud lo cual exige una sobrecarga al Estado que debe solventarlo y eso genera la necesidad de más recursos públicos a tal fin. Todo esto se está produciendo por la facilidad con la cual la actual gestión de la salud por parte del Gobierno Federal ha estado autorizando aumentos en las tarifas de medicina prepaga, por arriba de la evolución salarial y de la estructura de costos de los prestadores privados, lo cual pone de relieve la necesidad de modificar la legislación vigente, siendo preciso que el Congreso Nacional avance con una nueva regulación destinada a incrementar los controles con un organismo imparcial. Siendo necesario resguardar a la población de un Estado que elige no hacerse presente y deja que el mercado, donde domina la empresa, sea quien regule el acceso a la salud de su población, por lo que enviamos también instancias al Congreso, pues es necesario reforzar la legislación actual incorporando organismos colegiados de control independientes del Ejecutivo Nacional e involucrando a los destinatarios del sistema de prepagas en el debate.-