Así lo asegura la Defensoría del Pueblo de la Provincia desde su Dirección de Derechos Humanos, Protección a Grupos Minoritarios, Adultos Mayores, Contra la Xenofobia, el Racismo y la Trata de Personas, en virtud del dictado del Decreto 683/18, por parte del Presidente Mauricio Macri, que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas Nacionales en asuntos de seguridad interior del país.
La medida “es aberrante” sostiene, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, porque a la seguridad interior se la construye proveyendo el bienestar general, generando empleo; asegurando la salud y la educación de la población, “no con medidas represivas”. En éste sentido el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, destacó: Estimamos que el Sr. Presidente está desconociendo el “Nunca Más” epígrafe elegido por la CONADEP para elaborar un informe donde se detallaron las atrocidades cometidas precisamente por miembros de las Fuerzas Armadas en el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” encarado de facto por sus comandantes, torturas, genocidio y toda clase de violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en un plan sistemático que, como decía, parte de la misma premisa “el enemigo está dentro del territorio de la nación. Las consecuencias de éste razonamiento son ya sabidas espetó”. A su turno el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, expresó que el Decreto Presidencial es inconstitucional puesto que desconoce los postulados de la Ley Nacional Nº 24.059 la cual considera a la Seguridad Interior del País como tutela de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. Excluyendo de tal tarea a las Fuerzas Armadas y encomendando la labor a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, los que expresamente dice: “serán los órganos que propenderán a tales fines”. El Poder Ejecutivo Nacional está invadiendo competencia propia del Congreso de la Nación, afirma el letrado, conculcando principios emanados de nuestra Constitución Nacional como el Republicano de Gobierno, revistiendo el mentado Decreto, por ende, el carácter de Inconstitucional. Planteo que, oportunamente, será realizado de manera independiente por la Defensoría de Formosa o en conjunto con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República (ADPRA), la cual se ha expresado en idéntico sentido.-”