Prosigue la – Dirección de Justicia y Mediación Comunitaria – de la Defensoría del Pueblo con sus gestiones y asesoramientos a todos los vecinos del Bº Santa Rosa, ubicado detrás de la Av. Napoleón Uriburu y Pantaleón Gómez, donde se asientan desde hace varios años unas 82 familias aproximadamente.
El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, informó que todos esos terrenos fueron siempre propiedad privada, lo que se ha acreditado debidamente con la documentación correspondiente y que si bien hace más de siete años el Municipio de la Ciudad abrió calles, y por otra parte se instalaron redes de agua, energía eléctrica, alumbrado público, desconocemos los motivos que llevaron a tales acciones y entendemos que el único justificativo existente habría sido la necesidad de dotar de estos servicios públicos esenciales a todos los grupos familiares que vivían en el lugar antes citado por una razón humanitaria. El funcionario provincial, señaló que obviamente el propietario de estas manzanas se ve favorecido ampliamente por esta situación, encontrándose en trámite actualmente todo lo relativo al cumplimiento de las Ordenanzas Municipales vigentes, en lo que resta y que se concentra en la mensura y subdivisiones definitivas de cada uno de los predios de los vecinos. Al mismo tiempo el Defensor del Pueblo lamentó que algunos dirigentes sociales y políticos hayan en su momento y proseguido en la actualidad, “asesorando e informando erróneamente a los ciudadanos a sabiendas de que el propietario a través de la justicia puede obtener el desalojo judicial de cada una de las familias de este sector de la ciudad y de hecho ya existen acciones judiciales presentadas desde el año 2014 y en un caso hemos podido Institucionalmente suspender provisoriamente el lanzamiento con el Acuerdo prestado por los abogados de la parte actora, encontrándonos actualmente en un trabajo de garantizar el pago del lote correspondiente ya que se trata de una persona que es electricista y no posee ingresos fijos y por ello se le exigen “garantías de terceros” para asegurarse el cobro de lo que corresponde. En este punto Gialluca señaló, “que los precios fijados para cada lote difiere uno de otro pues no son todos iguales, es más, algunos tienen una cota muy baja y se inundan con las lluvias profusas, por lo que el Organismo de la Constitución solicito en su momento informes a inmobiliarias de nuestro medio para determinar los precios de los terrenos , llegándose a convenir a sumas por debajo de lo que se comercializan en la plaza local, y para el caso de los pagos, cada grupo familiar lo hará de acuerdo a su capacidad económica”. Aquí radica la responsabilidad de todos los que estamos trabajando, pues hemos logrado por primera vez, para estas familias una salida dentro de la ley, que les permitirá en el futuro tener el título de su propiedad, no incumplir los convenios que se firmen y además el reconocimiento de los pagos parciales o totales que se hayan efectuado con anterioridad y que puedan ser probados debidamente, con lo cual entendemos que le estamos garantizando los derechos a su propia vivienda para ellos y para sus hijos, pues la mayoría poseen construcciones avanzadas y que les ha costado esfuerzo y dinero que no puede ser arrojados o dejados de lado por la irresponsabilidad o el capricho de algunos que todavía no entienden que la seriedad y cumplir con la ley es la única manera de asegurarnos nuestro propio futuro y el de los demás.