El aumento de tarifas de los servicios públicos evoluciono desde una tarifa económica, pagable, a un valor muy excesivo, en apenas dos años, lo que no fue acompañado con incrementos de sueldos, resultando por ello una reducción importante en el poder adquisitivo, especialmente de los que menos tienen; sin acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció que los aumentos de los servicios públicos deben respetar los principios de proporcionalidad, no confiscatoriedad, certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad.
En este contexto y con una inflación descontrolada en el mes de mayo a lo que se le debe sumar el aumento del dólar y de los combustibles, hace que todo se traslade a servicios y a productos básicos que los consumidores debemos adquirir y que ya no tienen precios en los supermercados o almacenes pues suben día a día. Desde la Defensoria del Pueblo y conjuntamente con la Oficina de la Defensoria del Pueblo de Nación a cargo del Dr. Julio N. Santander se procedió a atender y asesorar a mas de 250 vecinos de la Ciudad de El Colorado, y a quienes ahora se les esta tramitando la tarifa social, plan Hogar con Garrafas, pensiones, jubilaciones y otros beneficios en el marco de una Acción Publica con el Municipio de El Colorado a cargo de Mario Brignole, y donde también se sumaron integrantes de la Policía de la Provincia para llevar a cabo las certificaciones necesarias y todas las Áreas Municipales, lo cual permitirá continuar con estas tareas en todo el territorio provincial. El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, denunció que las Defensorías del Pueblo hacemos notar e informamos objetivamente a los ciudadanos que, es importante tener en cuenta que las empresas de servicios y proveedoras de alimentos, medicamentos, etc., en estos últimos años han tenido márgenes de ganancias elevadas que se pueden comprobar ingresando a la pagina de la Bolsa de Valores y observando el valor de sus acciones, en este contexto, viendo que el Estado Nacional acompañó los aumentos con los impuestos, los únicos perjudicados somos los usuarios. El valor de las tarifas fue escoltado por la misma alícuota de impuestos, que van desde 30% al 54%, lo que transforma en excesivo lo que ya era excesivo, pero innecesario, ya que se puede reconocer un atraso en el valor del servicio pero no es necesario por ello seguir a la par con la suba de impuestos. Así solicitamos la eliminación o reducción de los mismos para proteger a los vecinos, de caer en la “pobreza energética” concepto que significa destinar más del 50% de su sueldo al pago de servicios. Por el excesivo aumento de la tarifa, agregado a la voracidad fiscal y la poca incidencia de la -tarifa social- en la reducción de los costos de los servicios; sumado a lo complejo de sus requisitos, dificultad en el acceso al beneficio y el atraso en su devolución (para el caso de los clubes de barrio) hacen que aunque se lo denomine “tarifa social” no lo sea en la realidad. Por ello solicitamos la eliminación del cargo fijo de la tarifa social. Por la gran cantidad de personas sin servicio de gas natural por red y que consumen gas por garrafas, y observando que las mismas cuentan con escaso control estatal, provocando situaciones de abuso de precios; en la calidad y la cantidad de gas suministrado, solicitamos se declare a esta provisión como servicio público. Por otro lado los clubes de barrio y otras entidades intermedias tienen enormes dificultades para acreditar la documentación exigida para la obtención de los beneficios que les corresponden legalmente. Es decir, no llegan a obtener el beneficio por impedimentos burocráticos, aunque cumplan con una importante función social. Para ellos peticionamos que se otorgue el beneficio una vez comprobada la existencia real de la entidad y de la función social que cumple, aunque la misma no alcance a cumplir con los requisitos burocráticos creados o a crearse. Pedimos también a las Autoridades Nacionales que se reglamente un plazo para el efectivo reintegro del dinero adeudado luego de la aceptación digital de las facturas (el subsidio se otorga una vez abonado por la entidad) ya que sabemos que llevan mas de seis meses de retraso y no tienen fecha aún de cobro. Los comercios como las PyMEs no son ajenas tampoco al aumento tarifario, teniendo en cuenta que brindan el 70% del trabajo en nuestro país. Los mismos se encuentran en la disyuntiva de: a)Trasladar el aumento al precio de sus productos. b)Reducir la ganancia. En ambos casos se aprecia una retracción de su economía y consecuente riesgo de despidos o cierre. Por ello entendemos que debiera considerarse el otorgamiento de un beneficio tarifario a los pequeños comerciantes y PyMEs. Entonces Institucionalmente consideramos que es el momento en que el Estado Nacional, Provincial y Municipal se sienten a la mesa en cumplimiento de sus obligaciones como articuladores de las relaciones sociales, junto a las Defensorias del Pueblo y las Asociaciones de Consumidores, para realizar una revisión integral de los cuadros tarifarios y definir una “tarifa previsible”, sin desconocer las realidades regionales que posee nuestro país.