Se propuso un Plan Nacional de Desarrollo Energético que sea elaborado entre el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas políticas de modo tal que se transforme en Política de Estado que trascienda una gestión de gobierno con amplia Participación Ciudadana-
En el marco del II Plenario de ADPRA celebrado en la Ciudad de Viedma, los dos puntos propuestos por la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa fueron aprobados por unanimidad. El primero de ellos se refiere a que con cada crecida del Rio Paraguay y dado que existe una por año, produce zozobra entre los formoseños debido a la contigüidad del nombrado curso hídrico con uno de los Vertederos de Residuos Domiciliarios e incluso no Convencionales más grande de Latinoamérica, denominado “Cateura”. El mismo posee 40 hectáreas y actualmente recibe unas 800 toneladas diarias de residuos, pese a que desde el 2006 debió haber dejado de funcionar, conforme el Contrato de Concesión que le fuera otorgado a la Empresa Empo y Asociados para su explotación y ello porque en el 2011, la Compañía entre “tironeos” de la Secretaria de Ambiente del Paraguay y la Municipalidad de Asunción, logró una prórroga por cinco años, lapso ya transcurrido, no obstante lo cual se continua hoy con el incesante vertido de residuos. El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denuncio que en el año 2015 un desborde del Rio Paraguay obligo a reforzar las barreras construidas a fin de evitar el derrame al rio de “miles de metros cúbicos de lixiviados”, que es el producto liquido de la acumulación de los residuos, sustancias altamente cancerígenas y contaminantes, habiéndose en aquella ocasión registrado filtraciones. Es por ello que se aprobó una Resolución de Declaración de Interés Institucional de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina, mediante la cual, se requiere a la Cancillería Argentina y al Ministerio de Desarrollo Sustentable de Nación Insten al Gobierno de la Republica del Paraguay a que se adopten las medidas necesarias que determinen la clausura del Vaciadero de Cateura y así evitar una catástrofe ambiental que repercutirá negativamente en la Argentina, pues el rio Paraguay es tributario del Rio Paraná y este finalmente desemboca en el Rio de la Plata, lo cual afectaría mas de 1500 km de costa que bañan nuestro territorio. Por otro lado se aprobó el pedido dirigido a las Autoridades Competentes Nacionales y al Ministerio de Energía y Minería de Nación, que permitan una Tarifa Electrica Diferenciada para el NEA con una intervención de la C.S.J.N, para que determine los porcentajes de los ingresos de los trabajadores y de las jubilaciones a destinarse al pago de los servicios públicos esenciales. En este sentido todos los Defensores del Pueblo del País, exigieron que se cumplan con los requisitos de -gradualidad, razonabilidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad- para los incrementos de los servicios públicos y propusieron un Plan Nacional de Desarrollo Energético y la eliminación de la pobreza energética en la Republica Argentina. Asimismo se propuso, “tarifas subordinadas a los ingresos para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y pensionados, reiterando la necesidad de ampliar la Tarifa Social, en especial a familias en situación socioeconómicas altamente vulnerables. En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo Energético se propuso que el mismo sea elaborado, “entre el Gobierno Nacional y las distintas fuerzas políticas, de modo tal que se convierta en una- Política de Estado- y que trascienda una gestión de gobierno, con amplia participación de todos los sectores, instituciones publicas y privadas, con injerencia en el tema, trabajadores, empresarios, ONG, universidades y Defensorías del Pueblo. Finalmente los Defensores exigieron, “a los Entes Reguladores que cumplan con el rol que les corresponde, que es el control de las empresas concesionarias de servicios públicos en sus inversiones y obras, y defensa irrestricta de los usuarios”, proponiendo la eliminación no solamente de la pobreza energética entendida esta como la falta de acceso a la energía electrica, agua potable y a la red cloacal y a la no afectación de más del 10% de los ingresos familiares para el pago de los servicios públicos.