Desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa, se propuso y solicito formalmente a los Ministerios de Finanzas y Hacienda, que en forma urgente se envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional que tenga por finalidad aumentar los impuestos “a las fortunas personales existentes en la Argentina, por el plazo de 5 años”.
En los momentos sociales y económicos que vivimos, ya no se puede incrementar más la presión impositiva ni a la clase media, ni a las PYMES, tampoco a las empresas sino únicamente a las grandes fortunas personales, llamado también Impuesto sobre la Riqueza que se aplica individualmente no sobre ingresos anuales o transacciones, sino sobre el patrimonio de personas físicas y se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo. Se encuentra vigente en varios países del mundo y en nuestro país se cobra a partir de 800.000 ARS, “siendo que el Gobierno Nacional prevé su eliminación para el año 2019”.Desde el Organismo de la Constitución Provincial se aclaró que no necesariamente se da en nuestro país que detrás de personas muy acaudaladas existan empresas, muchos ciudadanos adinerados que han amasado grandes fortunas ante la situación critica en la cual nos encontramos y hasta para evitar continuar endeudándonos eternamente, proponemos que se grave como se dijo antes a las fortunas personales .El Ombudsman Provincial señalo que es una obligación Institucional del Gobierno Nacional de buscar los fondos necesarios para así poder garantizar la accesibilidad a servicios públicos esenciales como lo son la energía electrica, el agua potable y el gas “que poseen actualmente un IVA del 21% y que tiene que ser eliminado o disminuido en un 50% por lo menos”. Es que en la actualidad, como consecuencia de los tarifazos desmedidos las tarifas finales que las distribuidoras deben aplicar a los usuarios se han tornado en impagables y aproximadamente mas del 50% de los ingresos de los hogares que tienen la posibilidad y ventaja de tener trabajos formales o informales son destinados al pago de servicios públicos no quedándole márgenes suficientes para cubrir las necesidades alimentarias, de salud, vestimenta y otras. Téngase en cuenta que en este caso no hemos tenido en cuenta a millones de ciudadanos que no poseen trabajo, a los que se encuentran en situación de indigencia y menos aún hemos hecho referencia a los pensionados y jubilados, sectores estos que han perdido y continúan disminuyendo su capacidad adquisitiva. Por otra parte también pedimos, que se “universalice y amplié la Tarifa Social” ya que no es posible que por ser propietario de un automóvil que posea un modelo de menos de 15 años de antigüedad ya las personas no sean sujetos pasibles de este beneficio; en esta misma situación se encuentran quienes tengan mas de un inmueble y de esta manera se va dejando de lado a familias que en la actualidad no poseen los ingresos suficientes para poder pagar los altos costos de los servicios públicos esenciales.
Asimismo el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca le peticionó al Ministro de Anergia y Minería, Juan José Aranguren, “que se establezca una Tarifa Social, para las pymes ya que el alto costo de la energía mayorista distribuida por Cammesa hace necesario poner en practica en el menor tiempo material posible una Tarifa Social para las pequeñas y medianas empresas como así también a los comercios, caso contrario continuaremos impávidamente observando como estas deben cerrar sus puertas lo que ocasiona una multiplicidad de inconvenientes entre los que se pueden mencionar perdidas de fuentes de trabajo, “dado que hasta los propios titulares o responsables de negocios de diversos rubros nos afirman que no pueden trasladar el 100% de los costos operativos a los bienes y servicios que brindan porque directamente sus ventas que ya son bajas, caerían estrepitosamente”. En esta misma línea de ideas el Ombudsman Provincial, peticionara a REFSA , en nombre y representación de numerosos comerciantes que en nuestras visitas la semana pasada nos han planteado la necesidad de que la Distribuidora amplíe los plazos entre el 10 y el 15 de cada mes para el primer vencimiento y para el segundo entre el 20 y el 25 aproximadamente.