Desde la Defensoria del Pueblo, se recordó que el último día del año 2017 finalizó la -Declaración de Emergencia Energética- mediante la cual el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía y Minería; sin respetar los principios establecidos por la C.S.J.N relacionados con los aumentos de los costos de los denominados servicios públicos esenciales y donde los mismos tendrían que haber sido, progresivos, proporcionales, graduales y no confiscatorios, produjeron un descomunal aumento en las tarifas de energía electrica en provincias electrodependientes como Formosa, que ha llevado a que la mayoría de los hogares estén destinando aproximadamente el 50% de sus ingresos para hacer frente a las facturas.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, refiriéndose principalmente a los aumentos que el Gobierno Nacional ha autorizado a la generación y transporte de la energía electrica, señaló que en la actualidad a mas del 90% de los usuarios de REFSA se les dificulta pagar las Cuotas 1 y 2 de cualquier periodo, debiéndose sumar, la eliminación de subsidios, la gran carga tributaria del IVA, y la escasa ayuda no universal de la Tarifa Social. Considerando que los servicios públicos son indispensables para garantizar el derecho a la salud y la vida digna comprendidos dentro del derecho a una vivienda adecuada expresados en el Sistema de Proteccion de Derechos Humanos de la ONU, es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a energía, para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”. Ahora, los aumentos autorizados son muy superiores a la suba de los ingresos de la población, lo cual conduce inexorablemente a la “pobreza energética”, dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los mismos. Siendo que en 2 años el valor del Kwh se incrementó en un 1.182,7% y a ese precio lo deben comprar las distribuidoras, lo cual obviamente luego es trasladado a los usuarios conjuntamente con otros costos y en esa línea de razonamiento es que Institucionalmente solicitamos al Ministerio de Energía y Minería de Nación – Declare la Emergencia Tarifaria en Materia Energética- (luz y gas); con el objetivo de que el Poder Ejecutivo Nacional, lleve adelante y concrete todas las acciones de hecho y legales necesarias que impliquen suspender nuevos aumentos en las tarifas y al mismo tiempo se busquen alternativas validas que permitan a los usuarios residenciales, comerciales, cooperativas y PyMES entre otros, accedan al servicio público energético, pudiendo cumplir con sus obligaciones, fijándose para ello “precios razonables” que contemplen las realidades sociales, económicas y culturales de nuestra provincia y de la región del NEA y no se nos castigue con tarifas impagables como lo son las impuestas en la actualidad.