Desde la Defensoria del Pueblo, se señaló que Institucionalmente gravar la renta financiera tal como lo impulsa el Gobierno Nacional, implica nuevamente otro “golpe al bolsillo de los consumidores y usuarios que terminaremos pagando otro nuevo impuesto más”.
Desde el Organismo de la Constitución se informó que se busca ponerle un impuesto a las Ganancias. Planteada de esta forma se aseguran el acompañamiento de todos los sectores políticos, pues la palabra financiera siempre se la vincula con los banqueros o entidades financieras que viven del dinero de la gente, pero a poco que analicemos las cosas, surge otra visión muy diferente y ya no es un impuesto a las ganancias sino un impuesto al ahorro.
Este nuevo impuesto gravara los plazos fijos y la tenencia de bonos en manos de particulares y de la misma forma en que la gente odia la renta financiera, posee una gran valoración por el ahorro.
Todos sabemos muy bien que nuestro futuro y el de nuestros hijos está en el trabajo, en la producción y en el ahorro. Debemos lograr con duros esfuerzos poder conseguir una vivienda y acceder a bienes indispensables. La gente cree que el impuesto a la renta financiera no recae sobre los consumidores sino sobre las ganancias de los grandes grupos financieros, pero los bancos y entidades financieras tienen que pagar ganancias como cualquiera así que su renta ya está gravada; por lo que gravar la renta financiera no es algo que tengamos que festejar.
El Ombudsman Provincial, José Leonardo GIALLUCA señalo que el castigo al ahorro es un castigo a la inversión, por lo que todas aquellas personas que no pueden ahorrar se verán también perjudicados, porque la única forma de que nuestros salarios crezcan en términos reales es a través de una mayor inversión de capital que obviamente necesita del ahorro interno o externo. Entonces si el Gobierno le pone un impuesto a los plazos fijos cuando antes se pedía un crédito y se fijaba una tasa del 26% anual ahora nos van a prestar al 30% o más; lo mismo sucede con el costo de producción; siempre se lo terminan trasladando al usuario. Nunca un impuesto lo paga directamente aquel al que se lo están poniendo ya que siempre se lo trasladan a otro y en nuestro país en este caso el que termina perdiendo es el más pobre, los sectores más vulnerables, todos aquellos que no lo pueden desgravar ni trasladar, las sociedades anónimas, los grandes empresarios desgravan todo, entre tanto los usuarios, consumidores, personas físicas no podemos hacerlo; y por ello es preocupante que se grave el ahorro por convicción y lo peor es que se nos quiera hacer creer que ello es así, cuando en realidad la matriz de todas las medidas se encuentra definida por gravar con mayores cargas tributarias a las personas físicas, a los sectores del trabajo y no a las empresas. Tomemos como ejemplo el 21% del IVA que siempre lo termina pagando el consumidor final y no las empresas y todo ello se da porque los grandes grupos económicos y hasta las empresas desgravan cada pago que hacen, porque toman todos los gastos, hasta el combustible, entre tanto un consumidor no puede desgravar la nafta o el gasoil que consume para ir a su trabajo y así sucesivamente en otras situaciones.