Tras conocerse el Presupuesto Nacional 2018, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se enviaron sendas Actuaciones al actual Ministro de Transporte de Nación Guillermo DIETRICH y a los Diputados y Senadores Nacionales por Formosa, a fin de que interpongan las acciones necesarias para obtener la no aplicación de la Resolución Nacional 652/17, la cual arbitrariamente faculta al Ministerio Nacional antes nombrado a cerrar Ramales Ferroviarios.
El Ombudsman Provincial José Leonardo GIALLUCA, conjuntamente con el Representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio Néstor SANTANDER plantearon administrativamente la nulidad de este Instrumento dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 14 de agosto pasado y en donde el Presidente de la Nación Mauricio MACRI, “por decreto delega al Ministerio de Transporte de Nación la facultad de clausurar Ramales Ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías y demás instalaciones ferroviarias. Además, establece que los rieles, durmientes y aparatos de vías que se resuelva remover, quedarán en poder de la Administración de Infraestructura Ferroviarias, Sociedad del Estado (SOFSE)”.
Desde el Organismo de la Constitución se informó que el pedido de nulidad interpuesto se basa en la Ley 27.132 en la cual se determina claramente que la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, es declarada de -interés público y nacional-, lo que radique en el interés común de la sociedad y por otra parte que es facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Por ello, el Decreto 652/17 es claramente nulo e inconstitucional por atribuir al Poder Ejecutiva una facultad exclusiva del Poder Legislativo Nacional y nosotros en nuestra provincia, nos vemos doblemente afectados, ya que la política ferroviaria y el transporte a nivel nacional es la de otorgar partidas presupuestarias a lo que se considera corredores estratégicos con flujos masivos de pasajeros y de cargas y esa lógica se mantiene en el presupuesto 2018, ya que en el mismo contempla el Plan Ferroviario de Cargas, donde “se encuentra en renovación 1500 km de la línea Belgrano Cargas, que va del centro al norte del país, dejando totalmente de lado al Ramal C-25 que atraviesa longitudinalmente nuestra provincia y por otra parte se contemplan los Expresos Regionales y el Soterramiento del FFCC Sarmiento, obras que beneficiarán únicamente a la Provincia de Buenos Aires”; y al mismo tiempo al no tener una Justicia Federal funcionado desde hace tiempo en nuestra provincia, nos encontramos trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco, para así poder obtener la Nulidad pero en este caso Judicialmente de ese Decreto.
Se resaltó que las leyes en la que se basa el Decreto cuestionado, no expresan puntualmente que la facultad de cerrar Ramales en forma definitiva, corresponda al Presidente de la Nación; sin embargo y a pesar de ello, el Gobierno Nacional se arroga la potestad de delegar en el Ministerio de Transporte el cierre definitivo de los ramales, sin determinar cuáles serían los mismos, y principalmente sin estar autorizados al levantamiento de la infraestructura ferroviaria, lo que generaría un grave perjuicio al servicio mismo, al erario público y a las posibilidades de subsistencia de muchas Comunidades y Pueblos Criollos y Aborígenes que en nuestra provincia fueron fundándose a los márgenes del Ramal C-25 y en donde el tren funcionaba, tanto como transporte de pasajeros, de mercaderías y de producción con un costo sumamente bajo en relación al transporte a través de camiones.
Todo ello hace que este decreto sea además arbitrario, y de un carácter o naturaleza centralista ya que son varias las provincias o regiones que se oponen al mismo y a título ejemplificativo ponemos por ejemplo que el “Tren del Valle” y el “Tren Patagónico” es pedido por las provincias del sur, entre ellas Neuquén, Río Negro y otras, o el servicio que une Viedma y San Carlos de Bariloche, con una frecuencia semanal dejará de funcionar, quedando también relegado el tren que unirá el pueblo de Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca, y si hasta los usuarios de Tandil, han pedido al Ministerio de Transporte la reactivación del Tren que unía esa localidad con la Terminal Porteña de Constitución, todo lo cual ahora ha quedado ilegítimamente en manos de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.