Un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo califica de “lamentable y perjudicial para los usuarios” al asesoramiento que da, desde el Instituto de Políticas Públicas del Radicalismo local su titular, José Luis Céspedes, el cual invita a abandonar la cultura del pago de los servicios públicos a la vez que pretende hacer creer que la causa de los abruptos aumentos sufridos en los servicios públicos es de origen local.
En el citado documento, el Secretario Letrado del Organismo de la Constitución, José Porfirio García, expuso: “Se hace mucho daño a la gente cuando se le aconseja no pagar. Quizás, Céspedes desconozca que cuando se impugna una facturación, puede pagarse el valor histórico del consumo, hasta tanto se resuelva el planteo impugnatorio y esto, por un lado, pone a cubierto al usuario del corte del servicio, a la vez que habilita un mecanismo de revisión de las facturaciones que se le imponen desde las empresas prestarias hasta tanto se resuelva el reclamo. El funcionario remarcó que, lógicamente, todo aumento irracional, como el dispuesto a comienzos del año pasado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo del Ing. Juan José Aranguren, que hace que nuestras facturas se hayan quintuplicado, cae mal a los usuarios pues resulta prácticamente confiscatorio, como bien lo expresó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emitido al respecto, a mediados del 2016. A comienzos de éste año, haciendo caso omiso a los dictados del máximo órgano de justicia, el Gobierno Federal dispuso, nuevamente, un 85 % de aumento para la energía. García cargó sobre quienes, como Céspedes, en vez de defender a los usuarios formoseños ante quienes forman parte de su misma fuerza política, pretenden excusar lo inexcusable, que el Gobierno Nacional, desde diciembre de 2015 ha adoptado una política que desconoce un fundamental derecho de los ciudadanos argentinos, cual es el de la universalidad del servicios públicos, es decir la potestad que tienen todos los argentinos de acceder a los mismos, independientemente de su condición económica, pues se trata de satisfacer necesidades básicas.
Finalmente el letrado expuso que, desde la Defensoría del Pueblo, cuya sede funciona en la calle Padre Patiño 831 de ésta capital, o desde cualquier punto de la Provincia, al 3704436379, al margen de las acciones administrativas y judiciales llevadas adelante para atacar las verdaderas causas de tarifas en los servicios, se trabaja diariamente en la revisión de las mediciones que emiten tanto REFSA como Aguas de Formosa S.A. y en los casos en que existe la posibilidad de que medien errores se acude al Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) a fin de que se corrijan las irregularidades. Cosa distinta, finalizó diciendo el funcionario, es el alto costo, el cual declaró, es una responsabilidad exclusiva de las tarifas impuestas desde el Gobierno Nacional.-”