Los Defensores del Pueblo de todo el país, reclamaron la suspensión de la aplicación de los aumentos de tarifas en los servicios públicos, incluido el anunciado justamente estos días por el gobierno nacional para el gas.
Desde ADPRA donde se encuentran representadas todas las regiones del país, existe desde hace tiempo una fuerte y fundada postura, en cuanto a que los aumentos que viene imponiendo el Gobierno Nacional en servicios públicos esenciales como lo son la energía, el gas y otros, implican que miles de usuarios y las pymes se encuentren con graves problemas económicos para acceder a los mismos.
Según los ombudsman, la gestión de Cambiemos ratificó con los ajustes tarifarios, que sigue sin contemplar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y no confiscatoriedad considerados indispensables por la justicia argentina.
El ombudsman de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y de otros de sus colegas, señalaron que los aumentos no respetan el fallo en el caso Cepis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad. Los defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año, tal cual ocurre con las paritarias, y afirmaron que además deben aplicarse antes de las negociaciones salariales para permitir que esas discusiones puedan medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.
Los defensores también pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe. Solicitaron además que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como en la actualidad, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.
En este contexto de peticiones, el Ombudsman Provincial de la Defensoría de Formosa, agrego que gran parte de los inconvenientes que padecíamos los formoseños en relación a la disponibilidad de GLP envasado fue solucionado por la decisión del Gobierno Provincial de instalar una planta fraccionadora que actualmente cubre no solamente los barrios de nuestra ciudad, sino también la demanda del interior provincial. Nuestra denuncia en este punto radica en que el Estado Nacional no debe tomar nuestro territorio únicamente como ruta de paso del gasoducto del NEA, sino que se deben realizar también las derivaciones secundarias para que de esta manera el gas por red llegue a los usuarios residenciales a bajo costo y principalmente beneficie a las Pymes, comercios e industrias para que puedan disminuir sus costos fijos de funcionamiento.-
Además, se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas; Y a la vez reclamaron que la tarifa social se incremente a los fines de poder incluir en el NEA y NOA. a mas números de beneficiarios.
Por otra parte, exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellas no se sabe qué tipo de valor se está aplicando. Venimos de empresas prebendarías y monopólicas que se han beneficiado desde los procesos de privatización hasta la fecha y los controles de los entes reguladores han sido ineficientes.
Por ello el titular de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa Julio Néstor Santander, afirmo que nos oponemos a estos aumentos tarifarios desmedidos, y por ello no podemos nunca estar de acuerdo con el Ministro de Energía Juan José Aranguren cuando señala que sus objetivos no son los de aumentar las tarifas, sino la de reducir costos de producción y generación tanto de gas como de energía y que los usuarios no debemos ni podemos pagar con nuestros salarios las erráticas políticas públicas de los últimos años en estos casos.