La Defensoría del Pueblo, patrocinó a un grupo de usuarios del servicio de energía eléctrica de la Provincia, suscribiendo conjuntamente Acciónes de Amparo, contra la Resolución del Gobierno Nacional que autorizó el aumento del 1.072 % en la tarifa que percibe TRANSNEA, empresa Transportista de Energía en Alta Tensión para todo el Nordeste Argentino (NEA).
Los fundamentos dados en el escrito de demanda, dan cuenta de la nulidad de la Audiencia Pública celebrada en nuestra ciudad capital a fines del año pasado, así como la invalidez de la Resolución emitida en consecuencia que pretende convalidar un exorbitante y artificioso aumento que no hace más que premiar a una empresa que desde hace décadas presta un servicio ineficiente e ineficaz en toda la Región del NEA, siendo que las provincias que la componen reclaman el manejo del servicio para cambiar dicha realidad. En éste sentido, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca expresó: “Tal y como adelantáramos en la Audiencia Pública, dicho acto no fue más que una farsa tendiente a validar cualquier cosa después, que es lo que sucedió finalmente, no se puede aplicar un incremento de más del 1.000 % en un componente de la facturación de los usuarios de la noche a la mañana, menos aún si el servicio que presta la transportista beneficiada es pésimo. Lo hecho escapa a la lógica y la legalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado al Gobierno Nacional pautas para que las subas sean absorbidas por la economía de los usuarios comunes, puesto que la mayoría de la gente que no es dueña de un holding de empresas o posee ingresos descomunales para poder pagar sus facturas de energía si se las aumentan, de una vez, un 500 %, como lo dispuso el Ministerio de Energía de la Nación, a comienzos del año pasado o un 80 %, como lo hizo a inicios del presente. Como si las alzas no fueran suficientes, sobre las mismas, se autoriza un nuevo enorme incremento sobre uno de los componentes de la facturación, que es el transporte de energía. Esto, muy a pesar de lo que digan algunos representantes del oficialismo nacional en Formosa, va a impactar en las facturaciones que emita REFSA, porque si debe comprar la energía un 100 % más cara y pagar 1.072 % más por el transporte de la misma hasta Formosa ¿quién va a creer que tales valores no serán trasladados a los usuarios?”.
Además Gialluca pidió a través de medidas cautelares que se retrotraigan los valores a los vigentes antes del dictado de las Resoluciones Nº 75/17 y 20/17 emitidas por la Secretaria de Energía de Nación y la Resolución Nº 66/15 emitida por el ENRE , ello es así puesto que el tiempo que hay que esperar hasta la sentencia definitiva derivaría en daños económicos sobre los usuarios que son obligados ilegítimamente por los incrementos en las tarifas aplicadas a los distribuidores. Se explicó que una de las audiencias trato la tarifa de transporte de energía de media tensión cuya administración las provincias reclaman hace tiempo dado el desastroso desenvolvimiento de TRANSNEA y por otro lado simultáneamente se llevó a cabo la Audiencia por los precios estacionales que corresponden al costo del transporte de alta tensión. Todas las Resoluciones dictadas son inconstitucionales y arbitrarias ya que no contemplan ni siquiera el derecho humano de acceso a la energía, como tampoco el rol protector del Estado Nacional que deteriora la calidad de vida de todos los usuarios del NEA.
A su turno el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, remarcó: “Un grupo de usuarios se presentaron espontáneamente ante la Defensoría del Pueblo a solicitar que se haga algo porque no le será posible afrontar nuevos aumentos en el servicio de energía con sus magros ingresos, siendo totalmente insuficientes los subsidios que actualmente concede el Estado Nacional, siendo cabezas de familias integradas por niños, personas de tercera edad y enfermos, quienes no pueden ser privados de este servicio público esencial, todo lo cual reforzó la decisión adelantada por el Ombudsman Provincial, de formular la presentación a la Justicia Federal, de la manera que lo harán los restantes Defensores del Pueblo de la Región, pues la problemática no solo atañe a los usuarios formoseños sino que afecta por igual a chaqueños, correntinos, misioneros y entrerrianos.