Se llevó adelante desde la Defensoría del Pueblo durante la primer quincena de enero del presente año, un relevamiento sobre 300 familias de capital y 300 de diversos lugares de nuestro interior provincial, quienes consultadas sobre las posibilidades de compras de productos de consumo masivo, pago de servicios públicos, adquisición de medicamentos y otros servicios, el 87% declaro ,”que su poder adquisitivo ha descendido durante todo el año 2016 y en lo que va del presente año, indicando  observar que la inflación y remarcaciones de precios no se detiene, por lo cual existe una profunda preocupación en lo que respecta al futuro de sus economías familiares”. Se aclara que en todos los casos se trataron de encuestados que poseen al menos un ingreso fijo ya sea público o privado.

Se encontró que la mayor parte de los hogares tuvieron que restringir en el último año su consumo habitual en alimentos de primera necesidad: un 87% de los entrevistados declara que en 2016 tuvo que reducir total o parcialmente su consumo de carne, un 72% dijo que tuvo que reducir total o parcialmente el consumo de lácteos y un 70%, el consumo de frutas o verduras.

En tanto en algunos sectores de menores ingresos, en el caso del pollo, se consume principalmente alita. En el caso de la carne bovina, hay cuatro productos que abarcan el 76% de los cortes de carne vacuna que más se consumen que son puchero, osobuco, espinazo y carne picada, mientras que otros cortes más nutritivos, como bola de lomo por ejemplo, tienen un consumo bajo.

Es por ello que, la pérdida del poder adquisitivo, repercute en la alimentación de todos los días y en la calidad, porque en medio de todo esto aparecen productos de muy malas propiedades. Por otro lado también se evaluó que se prescinde de productos culturales, educativos, elementos que  hacen al esparcimiento, no estamos hablando solo de alimentos y bebidas, sino también de otro tipo de productos: de poder ir a un club con los hijos, de practicar un deporte, de poder comprar un libro, esas cosas se han visto hondamente restringidas.

El Organismo de la Constitución, denuncio que si bien, desde el Gobierno Nacional estiman para este 2017 un incremento de los precios del 17%, sin embargo en los últimos días diferentes evaluaciones hablan de una expectativa de inflación para este año de entre 20 y 25%.

Ello es así, sin dudas frente a los aumentos en los combustibles, en el gas y en la energía eléctrica que modifican la estructura de costos y se trasladan indefectiblemente a los precios de los productos.

Los consumidores consultados afirmaron que las expectativas no son buenas y pensaban que ante un año electoral podría bajar la irracionalidad del ajuste, que se iban a ver algunas ventajas para los sectores asalariados y los más vulnerables; pero la realidad es que se prevén aumentos de celulares, de luz,  de gas, de naftas, por lo que este año va a ser mucho más duro que el 2016.

En la misma línea se expresó, desde el Organismo de la Constitución, que ya hemos presentado formales Actuaciones a las Autoridades Nacionales competentes ante los sobreprecios de los productos indispensables,  se hace necesario que el Gobierno Nacional intervenga fuertemente en el mercado, pues no puede dejar librado a la voluntad de los empresarios los valores de todos los productos que consumimos los argentinos y como muestra de ello tenemos que: las subas que impactarán en la economía familiar por ahora son:*Servicios públicos: se esperan aumentos de entre el 22% y el 70% en la tarifa de luz, de hasta el 60% en la de gas *Medicina prepaga: el Ministerio de Salud autorizó un incremento de hasta el 6% *Monotributo: subió un 57% la cuota mensual* Compras con débito: se eliminó la devolución del 5% del IVA*Combustibles: aumentaron un 8% y se aguardan tres ajustes más en el año.