Desde la Defensoría sostienen que es marcada la tendencia hacia una liberación del mercado la continuará perjudicando a usuarios y consumidores.
Así lo destacó el Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García, quien remarcó que, en general, se está observando una tendencia alcista pronunciada en el costo de bienes y servicios, sin que el Estado Nacional se encuentre presente para equilibrar la relación de consumo poniéndose del lado de la parte más débil, que no es otro que el usuario y el consumidor.
El funcionario remarco que en 2016 los combustibles se incrementaron 31% y desde el 8 de éste subieron 8% más, en abril volverán a aumentar, conforme a anuncios del Ministerio de Energía y Minería. Las empresas de medicina prepaga fueron autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación a aplicar un nuevo incremento de hasta el 6% en sus cuotas, a partir del 1 de febrero próximo. Una inflación superior al 40 % hizo que el consumo cerrara el año anterior con una caída del 8%, a causa de la pérdida del poder adquisitivo por la devaluación de la moneda. Las caídas anuales más pronunciadas ocurrieron en Electrodomésticos y artículos electrónicos 15,2%, Ferreterías 14,1%, Materiales para la construcción 11,9%, Textil e indumentaria 11,9%, Bazar y regalos 11,4%, Materiales eléctricos 10,8%, y Textil-Blanco 10,7%. Incluso los rubros pequeños y de bajo valor fueron afectados como bazares y regalerías que tuvieron un derrumbe anual de 11,4%; bijouterie que cayó 9,6% y
golosinas donde la venta descendió 8,2% anual. En calzados, las cantidades vendidas volvieron a caer 7,5% anual, y Alimentos y bebidas bajaron 2,9%. Se estima que el rubro educación sufrirá aumentos de un 20 % en el inicio del ciclo lectivo 2017. Para los servicios de energía y provisión de agua potable se proyectan incrementos en el primer trimestre de éste año, que varían entre el 22% y el 89%.
García destacó que desde la Defensoría como Organismo de Defensa de los Derechos Colectivos e Intereses Difusos de los Consumidores y Usuarios, en general, se formulan instancias permanentes a los diversos estamentos con competencia, del Estado Nacional, para que se pongan por delante de los acontecimientos y desplieguen políticas públicas que protejan el salario de los trabajadores, frente al avance de la especulación de los grandes sectores privados empresarios.
