Se llevó a cabo en la primera quincena de este mes, una reunión con los vecinos de la -Urbanización 25 de Mayo-, donde pusieron en conocimiento a los Representantes del Organismo de la Constitución, los distintos inconvenientes que vienen padeciendo unas 300 personas aproximadamente, que compraron de buena fe, terrenos de diversas medidas, suscribiendo documentos privados como pagarés y boletos de compra venta, a una persona de apellido Romberg, quien no contaría hasta la fecha con todos los trámites municipales legales de loteo y se han ido vendiendo en principio -derechos y acciones de un único terreno-, encontrándose involucrados en esta maniobra, abogados, escribanos y otros ciudadanos.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, les aclaro a los vecinos, luego que estos en fecha 20 de diciembre realizaran una formal presentación por ante la Defensoría del Pueblo y que diera origen al Expediente Nº 362- V-2016, que se hace necesario poder acceder a las Causas Judiciales que se encuentran tramitando en los Juzgados Civiles y Comerciales Nº 1 y 6 de esta ciudad, ya que la situación dominial aparece a primera vista como complicada.
El funcionario les pidió a los vecinos, que es necesario formar distintos grupos de las personas reclamantes, ya que no todos están en la misma situación, por ejemplo en lo que respecta a las sumas pagadas y que por ello se les sugirió que no realicen pago alguno por ahora, hasta tanto se determine claramente a quien se le debe abonar pues, “el que paga mal, paga dos veces”, y no queremos, ni que entren en interrupción de pagos, como tampoco que se les aplique intereses por mora; pero al mismo tiempo debemos ser cuidadosos, pues podrían estar siendo estafados en su buena fe y ello quedará aclarado con las gestiones y averiguaciones que venimos llevando adelante, para que se pague a quien corresponda y esa parte asuma también sus obligaciones legales de cumplir con las Ordenanzas, ya que pretender que el Municipio o el Estado Provincial se haga cargo de los servicios públicos esenciales, “en un negocio netamente privado, no corresponde”.
En lo que respecta a acudir a la justicia ordinaria, también se está analizando, además de los múltiples embargos que pesarían sobre el terreno y que deben ser solucionados para que todos los vecinos puedan acceder a recibir los títulos de sus lotes, pero para ello hay que lograr que el o los responsables cumplan con las Ordenanzas Municipales vigentes relativas a loteos y de donde surge claramente que los servicios públicos, como luz, agua, apertura de calles, etc., es exclusiva responsabilidad de quien se dice propietario y si bien hemos detectado, “que los mismos tratan de burlar los Instrumentos legales antes citados, es la justicia civil y penal, la que pondrá las cosas en su lugar”.