Desde la-Dirección de Salud y Vivienda-, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a partir de la noticia por la cual un adolescente formoseño de 15 años que sufre la enfermedad llamada -Síndrome de West- y por la cual necesitaría ser tratado con urgencia con aceite de cannabis ya que está teniendo reiteradas crisis epilépticas por día, según lo manifestado a un medio local por el padre Sr. Raúl Antonio Sosa; se inició la acción pertinente por ante el Programa Sanitario – PROFE -.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señalo que el debate sobre el cannabis medicinal tiene una amplia discusión y actualmente existen proyectos de ley que propone la despenalización del cultivo para uso personal y medicinal, así como para investigaciones científicas. Llegando inclusive la Provincia de Chubut ser la primera en legalizar el consumo del aceite de cannabis importado para fines sanitarios y Santa Fe también ha presentado un proyecto para que las obras sociales lo autoricen.
La prueba científica de la cualidad sanadora del cannabis está. Hay médicos capacitados que prescriben aceite de cannabis, o cannabis inhalatorio para diversas enfermedades, que comprueban la mejoría de sus pacientes. Hay un tipo de aceite que se importa – al que no todos los pacientes tienen acceso por su costo – y que está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), pero que solo se utiliza para un 20% de las patologías.
En esta línea, explicó que “la Ley 23.737, actual ley de drogas, es inconstitucional ya que viola el artículo 19 de la Constitución Nacional”, que sostiene que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero” serán prohibidas a los habitantes de la nación o puestas bajo regulación de un magistrado. No obstante, “de acuerdo a la ley de drogas, las personas que cultivan o el usuario de marihuana tanto para uso medicinal o recreativo, son lo mismo que un narcotraficante”.
Yendo concretamente al caso antes descripto, desde el PROFE, se aclaró a la Defensoría del Pueblo que están concluidos todos los trámites para que por primera vez en la provincia alguien sea tratado con aceite de cannabis y que el tiempo insumido se ha originado en los múltiples tramites, entre ellas Declaraciones Juradas, autorizaciones que deben estar avaladas por Escribanos Públicos y ser presentadas por ante el ANMAT, quien viene autorizando varios casos en nuestro país y donde este menor tendrá sus dos frascos del aceite de cannabis que tienen un valor de $33.000, pero para ello ínterin se debió pasar también por el RAEM- Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos-, por medio del cual se establece el procedimiento para el ingreso desde el exterior de medicamentos destinados al tratamiento de un paciente en particular para el que no exista en el país una alternativa terapéutica adecuada.
Como si ello fuera poco el neurólogo tratante del pequeño Edgardo, Dr. K.A.M, fue quien indico esta salida para una “epilepsia refractaria”, y como el PROFE está obligado a tener en estos casos, todo actualizado, – el mismo profesional habría manifestado que el autorizo este tratamiento por el pedido insistente del padre y que no estaría de acuerdo, siendo que existirían otros tratamientos para estos casos. La insólita situación ha llevado sin embargo a actuar al PROFE, con gran responsabilidad y haciendo suscribir al padre, Declaraciones Juradas, que lo hacen responsable exclusivamente por la medicación que se le daría al menor y por ello es que desde la Defensoría del Pueblo se arbitraran medidas para que Asociaciones Civiles que hace años se dedican a ofrecer charlas legales, a informar y asesorar a personas con enfermedades crónicas que encuentran en el cannabis un tratamiento alternativo como por ejemplo ( Cameda), invitar a sus profesionales con el objetivo de conocer y saber cómo actuar en todos estos casos, en donde desde ya apoyamos totalmente a los padres del menor, pues los mismos se encuentran en una situación que es desesperante y donde se mezclan lo sanitario con lo legal y con un debate que tenemos que abordarlo en toda nuestra comunidad pues hace a la salud que es un Derecho Humano fundamental.