La Defensoría dispondrá de un Buzón por la Vida en cada Casa de la Solidaridad.

Desde la Dirección de Salud y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se adelantó que están avanzadas las tratativas con el Ministerio de la Comunidad, a cargo del Dr. Aníbal Francisco Gómez, a los efectos de instalar en cada Casa de la Solidaridad un Buzón por la Vida, a los efectos de identificar los lugares en donde, eventualmente, se comercialicen estupefacientes. La modalidad, ya ha sido implementada en la sede del Organismo de la Constitución, con buenos resultados. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca, explicó: “El mecanismo es simple, la denuncia es completamente anónima, pues basta con introducir en el buzón un simple papel en el cual se consignen datos concretos que pueden resultar útiles a las autoridades que investigan a los efectos de prevenir y reprimir el tráfico y comercialización de drogas peligrosas.

La identidad de quien efectúe la denuncia permanece en el anonimato, preservando su integridad psicofísica. Los buzones serán abiertos cada cierto tiempo periódico, con presencia de escribana, introduciéndose su contenido en un sobre que será lacrado y remitido a las autoridades federales competentes. Con idéntica modalidad se podrán denunciar otros delitos federales, como la trata de personas, el contrabando, etc. El funcionario, finalmente, destacó que la guerra a adicciones que tanto hacen mal al tejido social, debe librarse en todos los frentes y por ello se implementará el aludido procedimiento, para que los vecinos tengan la posibilidad de colaborar con las investigaciones, en cada barrio. Respecto de las denuncias de “narcoestado” vertidas por el Senador del Pro por la Provincia, Luis Naidenoff, el Ombudsman Provincial espetó: “Si no tiene pruebas y simplemente sus afirmaciones fueron realizadas para desprestigiar al actual Gobierno de la Provincia, tras haberse secuestrado una importante cantidad de droga en el interior provincial y lo hace por motivos meramente políticos, el legislador es un imprudente, pues la gente necesita confiar en sus autoridades para poder, juntos, hacer frente al tráfico y venta de drogas.

Si tiene pruebas, antes de hacer rimbombantes declaraciones, modestamente, me parece debería ponerlas en conocimiento de la justicia, que es el ámbito en donde tales cuestiones deben ser ventiladas, dado que el Judicial es el Poder del Estado, que está facultado para aplicar el régimen legal represivo en la materia, tengo entendido que esto último jamás ha sucedido.-”