Se sugirió desde la Defensoría del Pueblo, a todos los usuarios de tarjetas de crédito, a fin de evitar fraudes u otras irregularidades, no dejar nunca las mismas en ningún comercio y además, cuando se paga con la misma o con las mismas evitar que los empleados o quien sea “desaparezcan en ocasiones con los plásticos pues allí luego es donde pueden surgir una serie de fraudes”.
Existe la creencia popular de que las únicas personas con autoridad para pedirnos nuestra identificación son las fuerzas de seguridad del Estado. Esto es cierto; sin embargo, cuando queremos efectuar un pago con tarjeta físicamente, se nos exige una identificación mediante un documento oficial (en general, sólo es válido el DNI) argumentando que es por nuestra propia seguridad (en realidad si un pago se realiza en un establecimiento y el dueño de la tarjeta denuncia el mismo, quien asume el coste es el establecimiento); y como en nuestro mercado local, “todavía pareciera que nos conocemos todos y continuamos en una mediana aldea, la mayor parte de las veces no se siguen los pasos formales y necesarios porque existe ya un conocimiento previo entre las partes, pero ello se va extinguiendo y no debería ser así puesto que luego aparecen inconvenientes con los resúmenes de las tarjetas de crédito”.
Esto es mucho más frecuente en nuestro interior provincial, “por la vecindad entre comerciantes y consumidores”; así desde el Organismo de la Constitución, se patrocinó a la Abogada Lilian Mabel González, en representación de casi un centenar de damnificados por la Librería y Fotocopiadora, “Virgen de Lujan”, con domicilio en Av. Labrador y Arturo Ilia de la Localidad de Laguna Naineck, cuyos propietarios son los Señores: D.R.A y N.N.P, quienes junto con la firma Personal S.A con domicilio en calle Belgrano 646 de esta ciudad abusando de la buena fe de sus clientes y vecinos, han producido estafas reiteradas al involucrarlos en compras de líneas y aparatos celulares, cuya voluntad nunca prestaron”.
El modus operandi de la casa comercial, es el que, una vez realizada la compra, sus dueños, aduciendo que no existe sistema para concretar la operación, solicitan copia de los DNI, y piden que se les deje las tarjetas de crédito por el plazo de 24 horas. Todo ello se ha podido realizar ya que se confiaba en los mismos y por ser antiguos conocidos del pueblo.
El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, expreso que la presentación de la denuncia por ante el fiscal penal en turno de la Ciudad de Clorinda, Dr. Arturo Cabral, tiene por objetivo el desconocimiento de la adquisición de los equipos y de las líneas de celulares que hoy estos consumidores deben enfrentar y también buscaremos el resarcimiento económico correspondiente, por cuanto los propietarios de este comercio se tendrán que hacer cargo, “de los gastos que deben afrontar actualmente los vecinos y además los resarcimientos por todos los gastos que les han ocasionado, más el daño moral y el que correspondiere en favor de los mismos”.